Me tiene sin cuidado que me llamen dictador

“Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, dijo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el pasado junio en uno de sus discursos anuales en el Teatro Nacional, frente a cientos de salvadoreños.

Durante estos 6 años en la Presidencia, Bukele se ha consolidado en el poder allanando el camino para convertirse en el dictador que al parecer anuncia ser. No hay vergüenza ni duda en su sentencia, porque su popularidad le permite ser un lobo vestido de lobo.

Su trayectoria presidencial es corta, pero contundente. Llegó al poder por elección popular en 2019. En 2021 la Asamblea Legislativa (que él controla mayoritariamente), destituyó a todos los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, equivalente a nuestra Corte Constitucional, y designó funcionarios afines a su gobierno. Meses después, esta nueva Corte Suprema declaró constitucional la reelección inmediata de Bukele, y en el 2024 fue reelegido.

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Además, el pasado junio de 2025 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Agentes Extranjeros. Con esta Ley el gobierno decide qué organizaciones de derechos humanos pueden trabajar en El Salvador y les impone un 30% de impuestos. Estas medidas apuntan al debilitamiento de la sociedad civil y las libertades de expresión y asociación.

Finalmente, el pasado 31 de julio, en un procedimiento exprés de un par de horas, la Asamblea reformó la Constitución (un proceso que en Colombia requiere de ocho debates en el Congreso, equivalente aproximadamente a un año). Allí, entre otras medidas, declaró constitucional la reelección presidencial indefinida, extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

Esta historia de la erosión democrática en El Salvador coincide con el Democracy Report 2025 de V-Dem. El Salvador ya no es una democracia electoral, sino una ‘autocracia electoral’ junto con países como Etiopía, India y Pakistán. Esto significa que existe un declive democrático en donde la libertad de expresión y asociación, y la celebración de elecciones libres y justas, son insuficientes.

Algunos dirán que en El Salvador ahora se puede vivir, pues la criminalidad de las pandillas ha disminuido, y eso es más importante que cualquier sistema democrático. Pero, ¿qué se pierde cuando se pierde la democracia? No hay que mirar demasiado lejos para encontrar la respuesta. Venezuela, bajo Nicolás Maduro, y Nicaragua, bajo Daniel Ortega, muestran cómo un poder sin límites deriva en corrupción, desapariciones, persecución política y encarcelamientos arbitrarios en los que caen inocentes que podrían ser personas como usted o como yo. El último informe de Human Rights Watch señala que desde marzo de 2022, El Salvador está bajo un régimen de excepción en el que, sin garantías de debido proceso, se han detenido más de 86.000 personas, incluyendo más de 3.000 niños. Distintos informes señalan que las personas detenidas están hacinadas en cárceles en donde reciben tratos crueles e inhumanos.

Este año se vienen las elecciones presidenciales de Bolivia, Chile y Honduras, y en el 2026 de Perú, Costa Rica y Colombia. Las tendencias a los autoritarismos están en el aire en estos países y le podrían apuntar a regímenes como el de Bukele. Quizá también puede ser una oportunidad para que las y los candidatos que proponen modelos democráticos, que garantizan nuestros derechos fundamentales, también incluyan en sus pilares el tema de la seguridad, entre otros. Que no caigamos en la trampa de Bukele, en la que falsamente muestra que la seguridad y la democracia son dos temas incompatibles.