¿Por qué el Amazonas no puede ser salvado solo por los tribunales?

Por Paulo Ilich Bacca, Luisa Fernanda Bacca

En octubre de 2023, una delegación de La Gente de Centro —los pueblos Andoke (Pɵɵsiɵhɵ), Nonuya (Nonova), Muinane (Féénemɨnaa) y Uitoto (Nɨpode) de la cuenca media del río Caquetá— viajó desde la Amazonia colombiana hasta Bogotá.

No llegaron como peticionarios, sino como autoridades de territorios vivos, exigiendo la implementación de la Sentencia 4360 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia, que reconoció a la Amazonia como sujeto de derechos. Sin embargo, siete años después de la decisión, el bosque sigue ardiendo, los ríos se sedimentan y la frontera agrícola continúa avanzando.

Su visita planteó una pregunta simple pero inquietante: ¿qué significa reconocer los derechos de la Amazonia si los pueblos que han gobernado estos territorios durante milenios permanecen al margen de las decisiones que configuran su futuro?

En los territorios que habitan, la autoridad no se concentra en una sola institución, sino que se teje a través de relaciones entre pueblos, bosques, ríos y otros seres vivos. Proteger la Amazonía, según sus enseñanzas, requiere formas de gobernanza interconectadas a través de estas escalas de vida y autoridad.

Reconocer a la Amazonia como sujeto de derechos es, por tanto, un paso importante, pero no suficiente. El reconocimiento judicial debe ir acompañado de una co-gobernanza genuina con las autoridades indígenas y del reconocimiento de sus planes de vida y sistemas de gobierno como marcos vinculantes para la toma de decisiones territoriales, en lugar de meros insumos consultivos para la construcción de políticas estatales.

Esto exige tomar decisiones conjuntamente en varios niveles de gobierno. Los ministerios nacionales responsables de la política climática y forestal deben trabajar directamente con las autoridades indígenas. Mientras que las agencias ambientales regionales, los gobiernos departamentales y los municipios deben coordinar sus planes de ordenamiento territorial y desarrollo con los gobiernos territoriales indígenas, que en muchas zonas amazónicas ya ejercen una autoridad efectiva.

En este sentido, nuestro argumento dialoga con el diagnóstico de Jonathan Blake y Nils Gilman sobre el desajuste entre las crisis de escala planetaria y los sistemas de gobernanza centrados en el Estado-nación. Su propuesta de una “subsidiariedad planetaria” —una gobernanza distribuida a través de escalas interconectadas— apunta hacia arreglos que resuenan con la autoridad distribuida que desde hace tiempo se practica en los territorios indígenas. Iniciativas como el Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas (MAPI), creado en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), también avanzan en esta dirección al fortalecer la participación indígena en toda la cuenca amazónica.

La experiencia de La Gente de Centro hace visibles estos desafíos en la práctica. En Bogotá, su delegación insistió en que reconocer los derechos de la naturaleza no puede separarse del reconocimiento de la autoridad de los pueblos que la sostienen. Dos años después, llevaron el mismo mensaje a la Conferencia  de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 en Belém, Brasil. El tránsito desde los tribunales colombianos hasta las negociaciones climáticas globales no fue un cambio de escala, sino la continuación de una misma lucha.

Como explicó Jorge Ortiz, autoridad tradicional del pueblo Muinane: “Queremos intercambiar conocimientos con la sociedad no indígena, pero muchas veces solo llegan a nuestros territorios para extraer recursos y buscar beneficio económico.”

La experiencia colombiana también muestra los límites de estos mecanismos: incluso mandatos vinculantes como la Sentencia 4360 de la Corte Suprema enfrentan grandes obstáculos en su implementación. De Bogotá a Belém, La Gente de Centro nos recuerda que la Amazonia no puede ser gobernada a través de un único orden jurídico o institucional, sino mediante la cooperación entre las múltiples autoridades que la sostienen.

A nivel local, La Gente de Centro insiste en que los derechos de la naturaleza no pueden separarse de los derechos de sus pueblos. Para ellos, la Amazonia no es un objeto de protección sino una entidad política: una red viva de seres unidos por obligaciones recíprocas.

“Cuando los pueblos indígenas pierdan su conocimiento, la Amazonia dejará de existir”, advirtió Hernán Moreno, líder del pueblo Nonuya.

Sus palabras revelan un punto de inflexión para el derecho ambiental occidental: la biodiversidad no puede sostenerse sin continuidad biocultural, y la supervivencia del bosque depende de los conocimientos, prácticas y responsabilidades que lo han gobernado desde tiempos inmemoriales.

A nivel nacional, la Sentencia 4360 buscó frenar la deforestación y salvaguardar los derechos de las generaciones futuras mediante el reconocimiento de la Amazonia como sujeto de derechos dentro del orden constitucional colombiano. Sin embargo, su implementación desigual pone de relieve los límites de la arquitectura institucional del país. Proteger la Amazonia requiere más que declaraciones judiciales, exige transformaciones estructurales en la gobernanza, la planificación territorial y la política económica.

Por esta razón, evaluar una sentencia estructural como la 4360 no puede reducirse a un balance de todo o nada. Sus efectos se despliegan a través de dinámicas políticas e institucionales que exceden el ámbito judicial —y es precisamente en esos espacios donde las autoridades indígenas continúan siendo posicionadas como partes interesadas, en lugar de actores co-gobernantes del territorio.

Ante el Tribunal de Bogotá, la delegación de La Gente de Centro exigió una participación efectiva en el diseño y seguimiento de la sentencia, acceso a información transparente y el reconocimiento de sus derechos a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado. Bajo estas demandas procedimentales subyacía una tensión más profunda: el encuentro entre dos órdenes jurídicos. El Estado concibe la naturaleza como un recurso a ser gestionado; la gobernanza indígena la entiende como una totalidad viva. El primero busca la gestión del bosque; la segunda, escucha sus voces.

Este conflicto existencial reapareció en Belém, donde La Gente de Centro se unió a otros pueblos amazónicos para denunciar las fallas de mecanismos climáticos como REDD+. Bajo el lenguaje de la colaboración, los esquemas de compensación de carbono han desplazado a las autoridades indígenas de la toma de decisiones sobre sus propios territorios.

“La palabra de vida nos enseña a cuidar, manejar, respetar y valorar la naturaleza”, recordaron los mayores ante el Tribunal de Bogotá, subrayando que lo que está en juego no es meramente la participación en la política pública, sino el reconocimiento de la autoridad indígena como una fuerza de gobierno en la acción climática.

A través de los escenarios jurídicos y diplomáticos internacionales, la experiencia de La Gente de Centro revela una tensión persistente en la gobernanza climática. Lo que se presenta como diálogo a menudo se convierte en un desajuste de mundos, en la medida en que las instituciones estatales traducen los conceptos indígenas de formas que diluyen su significado.

Esta tensión se hace visible en la implementación de la Sentencia 4360 de la Corte Suprema. La decisión desencadenó una respuesta institucional sin precedentes: más de 90 entidades estatales se involucraron, los sectores ambientales comenzaron a coordinar sus esfuerzos y se creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF).

Sin embargo los avances siguen siendo desiguales. Solo una de las cuatro órdenes principales de la sentencia muestra un cumplimiento significativo, mientras que mandatos clave —incluido el Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía Colombiana (PIVAC)— permanecen en gran medida incumplidos. Aunque las tendencias de deforestación fluctúan y el monitoreo reciente sugiere algunas reducciones, la arquitectura de gobernanza territorial que la sentencia buscaba impulsar ha tenido dificultades para consolidarse: de los 61 municipios amazónicos, solo nueve han actualizado sus planes de ordenamiento territorial, lo que revela la dificultad de traducir los mandatos judiciales en acciones coordinadas a lo largo del paisaje político multinivel de la Amazonia.

Estas limitaciones no se derivan únicamente de una implementación débil sino también del diseño mismo de la sentencia. La Sentencia 4360 de la Corte Suprema asume un territorio relativamente uniforme, mientras que la Amazonia es una región altamente diversa donde coexisten más de 52 pueblos indígenas con sus propios sistemas de gobierno. En muchas zonas, los gobiernos indígenas ejercen una autoridad territorial efectiva; sin embargo, la sentencia se apoya principalmente en categorías administrativas estatales como la planificación municipal y las agencias ambientales regionales.

Este desajuste ayuda a explicar la brecha en su implementación. El mandato del PIVAC exige coordinación entre distintas jurisdicciones y debe construirse junto con los pueblos y organizaciones amazónicas, pero la propia sentencia no fue diseñada para interactuar plenamente con los sistemas de gobernanza territorial que ya operan en la región.

Desde las riberas del río Caquetá hasta las plenarias de las Naciones Unidas en Belém, la lucha de La Gente de Centro muestra que las cosmopolíticas amazónicas no son meramente locales, sino planetarias. Su experiencia revela una forma de gobernanza capaz de enfrentar la emergencia climática precisamente porque rechaza la separación entre naturaleza y cultura, entre derecho y vida.

Las relaciones multiespecie de la Amazonia constituyen una jurisprudencia viva que desestabiliza el antropocentrismo del derecho internacional y de sus regímenes climáticos. Entre los tribunales de Bogotá y los espacios de negociación en Belém, la palabra de La Gente de Centro permanece inalterada: la Amazonia vive a través de sus pueblos, y toda forma de gobernanza que los silencie es ya una forma de destrucción.

*Paulo Ilich Bacca es director académico ambiental de Dejusticia e investigador de la Red de Redes Amazónicas. 

**Luisa Fernanda Bacca es codirectora del Instituto Panamazónico (IPA) e investigadora de la Red de Redes Amazónicas.