Tierras, clima y justicia global: el debate internacional sobre reforma agraria llega a Cartagena

Del 24 al 28 de febrero, Cartagena será la ciudad anfitriona de una conferencia en la que participaremos desde Dejusticia: la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20, por su abreviatura en inglés).

Colombia llega con legitimidad: impulsa políticas transformadoras que ponen en el centro la redistribución y el uso responsable del suelo, justo cuando la crisis climática y ambiental y el control corporativo del sistema alimentario amenazan el vínculo rural con sus territorios. Si se debilitan los derechos territoriales, pierde el país: la alimentación, la paz, la adaptación climática y el logro de una economía rural próspera con poder para campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y otras comunidades rurales.

El problema no es abstracto. El Land Gap Report 2025 muestra la presión que ejercen sobre la tierra y las comunidades las “soluciones” climáticas mal diseñadas. Primero, las promesas climáticas actualizadas dependen fuertemente de la remoción de carbono basada en el uso del suelo y requerirían más de 1.000 millones de hectáreas —un área mayor que China— mientras se aplaza una reducción robusta de emisiones de los principales responsables. Segundo, la “brecha forestal” —la distancia entre los objetivos globales de frenar y revertir la deforestación y lo que realmente planean los países— equivale a casi 20 millones de hectáreas por año de pérdida de bosques hacia 2030. A esto se suma la evidencia sobre el acaparamiento de tierras por la agroindustria y otros sectores.

Habrá debates sobre reforma agraria para la paz, la democracia y la justicia alimentaria y climática, además de eventos académicos, culturales y de movimientos sociales. Pero hay un punto crucial: la conexión con la justicia económica global.

La reforma agraria es clave para salir del extractivismo y diversificar la economía, pero al reducir fósiles Colombia enfrenta presiones (deuda, inversión y condicionamientos externos) y, si por ejemplo, busca gravar a ricos e industrias contaminantes, choca tanto con élites que se resisten —incluso vía judicial— como con reglas globales que facilitan la evasión tributaria vía paraísos fiscales y protegen el secreto fiscal.

La paradoja es brutal: a los Estados en la primera línea del impacto climático se les plantea el imperativo de descarbonizar, proteger ecosistemas y avanzar en reforma agraria, pero las reglas de finanzas, comercio, inversión y tributación los empujan a seguir atrapados en un modelo extractivo y desigual. Apoyar procesos para cambiar esas reglas —como la actual negociación de una Convención de la ONU de cooperación tributaria— se vuelve esencial.

Por eso, en ICCARD+20, no se puede perder de vista esto: la justicia económica global también es justicia agraria.