La expedición de este proyecto ley es una importante oportunidad para incorporar las lecciones aprendidas en los últimos años y garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Nuestra decencia como nación democrática está siendo puesta a prueba por la manera como enfrentemos el desafío de acoger a estos millones de venezolanos que han salido de su país huyendo de la pobreza, la violencia y la persecución política.

Las valientes movilizaciones de los venezolanos son la fuente de presión que puede inclinar la balanza hacia una transición democrática. Una transición desde abajo y desde Venezuela, con el apoyo diplomático internacional y sin los riesgos anacrónicos de una intervención militar.

Si el Gobierno colombiano quiere ser coherente con su postura sobre la grave situación de Venezuela, debe reconocer como refugiados a las personas provenientes de ese país y garantizarles una vida digna.

Pase lo que pase en Venezuela, América Latina y Colombia en particular deben intensificar sus esfuerzos por acoger dignamente a los refugiados y a los migrantes venezolanos.

Comprender las razones por las cuales ciertas mujeres de ciertos sectores terminan ejerciendo ciertos trabajos abre la puerta a una postura crítica frente al hecho de que la mayoría de trabajadoras domésticas sean migrantes en situación de precariedad.