Garantizar la atención en salud de las personas migrantes implica muchos retos que requieren del apoyo de múltiples actores, no solo del Estado. Sin embargo, mientras se discuten políticas públicas hay vidas en riesgo.

Dada la situación de violencia en la región fronteriza, la Defensoría del Pueblo de Colombia y organizaciones de la sociedad civil colombianas y venezolanas vienen alertando sobre la grave situación de violencia e inseguridad en esta zona.

El derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental porque es la puerta para poder acceder a derechos como la salud, la educación y el voto, entre otros. Las medidas del Gobierno y del Congreso —aunque son un avance importante— siguen quedando cortas frente a las dinámicas migratorias.

En medio de la pandemia es necesario un llamado de atención a las autoridades para que no usen discursos discriminatorios. No se puede convertir a una minoría en el chivo expiatorio de los problemas económicos y sociales estructurales que atraviesa nuestro país. 

La pandemia agravará la crisis humanitaria en Venezuela, lo que generará que más personas tengan que migrar y enfrentarse a la crisis económica en Colombia. Por eso es urgente que el Gobierno promueva políticas para una integración efectiva y digna.

Como venezolana, esa manera tan nuestra de no hacernos responsables de las propias desgracias nos convierte no solo en ciudadanos poco reflexivos, sino en individuos incapaces de buscar soluciones a nuestra propia realidad.