Si bien el Estado puede definir y reglamentar su política migratoria, las instituciones no pueden olvidar que su discrecionalidad no es absoluta, ni puede derivar en actos arbitrarios. Sus actuaciones siempre deben garantizar los derechos humanos, y, en este caso particular, unos mínimos del debido proceso.

La entrega de los datos biométricos como requisito para el acceso a los beneficios del Estatuto implica un tratamiento discriminatorio de la población migrante venezolana que no parece tener una clara justificación constitucional. Los datos biométricos no se exigen ni a los colombianos, ni a personas migrantes de otras nacionalidades.

Para eliminar, o al menos disminuir este racismo de la blanquitud contra los migrantes venezolanos, pero también contra la mayoría de los colombianos, tal vez se requeriría una sociedad más igualitaria, donde las brechas socioeconómicas no sean tan amplias, y donde todas las personas (incluyendo las personas migrantes) cuenten con una vida digna, y por lo tanto, con un trato digno.

El debate sobre el acceso a las vacunas para la población migrante indocumentada ha hecho nuevamente evidentes las deficiencias de la respuesta del Estado colombiano a la migración y las graves consecuencias de establecer un vínculo directo entre acceso a derechos y estatus migratorio.

Es deber tanto de los países de origen como de los receptores respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. 

El plan de vacunación tiene cosas muy buenas, aunque el secretismo del Gobierno ha generado desconfianzas que pueden alimentar reacciones antivacunas, o podría terminar atrapado en debates polarizados y decisiones judiciales.