A través de una tutela un grupo de emberá reclamó sus derechos a la participación política y a la igualdad, porque por su situación económica y la lejanía en que viven les fue imposible desplazarse a refrendar el Acuerdo de Paz. Dejusticia, organizaciones de derechos humanos y líderes indígenas solicitaron a la Alta Corte revisar el caso.

El Grupo de Trabajo Género en la Paz –GPAZ, grupo del que Dejusticia hace parte, intervino en la Audiencia Pública convocada por la Corte Constitucional, en el marco de la revisión oficiosa de constitucionalidad del decreto 902 de 2017 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”

Las condiciones indignas en el campo y la falta de acceso a la tierra están ligadas al conflicto armado. Estas problemáticas son abordadas en el punto uno del Acuerdo de Paz, que está bajo estudio de la Corte Constitucional. Dejusticia presentó intervención respaldando la mayoría de su contenido.

La crisis ambiental de este ecosistema llevó a pescadores a emprender una batalla jurídica que llegó a la Alta Corte. En intervención, apoyamos su petición de que autoridades ambientales tomen medidas urgentes para frenar el desastre y así proteger sus derechos al medio ambiente sano, vida digna y trabajo.

Presentamos intervención para apoyar una tutela que exige que Gobierno pavimente
carretas Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira: una promesa incumplida históricamente.

César Rodríguez defendió que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición se acoge a la Constitución, y sobre las penas aseguró que el derecho internacional habla de sanciones efectivas no de cárcel.

Dejusticia defendió la constitucionalidad del Acto Legislativo que le da seguridad jurídica al Acuerdo Final, y resaltó que sus contenidos responden a derechos fundamentales y normas de derecho internacional humanitario.

¿Cuál es la naturaleza, el alcance y el tipo de control que debe ejercer la Corte Constitucional sobre los Actos Legislativos expedidos para implementar el Acuerdo Final de Paz? Intervención de Rodrigo Uprimny ante la Alta Corte.

Dejusticia defendió el Decreto que le permite a la Corte Constitucional suspender los procesos ordinarios para concentrarse en las normas que implementan el Acuerdo de Paz, pero recalcó que esa interrupción no puede ser indefinida.