Litigios

Se exponen dos razones en la intervención: al expedir esa norma, el Presidente de la República excedió las facultades especiales para la paz pues no demostró la estricta necesidad de regular ese tema por esa vía extraordinaria; y el procedimiento de contratación que regula el DL 249/2017 viola los principios constitucionales que rigen la contratación pública

Dejusticia, EarthRights International y la Fundación para el Debido Proceso presentaron una intervención ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el seguimiento que está dando este tribunal a la situación del pueblo Sarayaku de Ecuador. En el texto las organizaciones mostraron las violaciones de derechos humanos que se generaron por la expedición del Decreto…

El 6 de diciembre de 2016, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Dejusticia su intervención, en el marco de la opinión consultiva que el Estado de Costa Rica dirigió a la Corte Interamericana en mayo de 2016, en relación con la interpretación que el Tribunal da a (i) el reconocimiento del cambio de…

La sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad del artículo 122 del código penal que tipifica el aborto, que despenalizó dicha conducta en tres circunstancias específicas: “(i) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave…

Dejusticia demandó ante la Corte Constitucional varios artículos de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) por ser violatorios del derecho a la intimidad.

Dejusticia realizó una intervención ciudadana, en la Corte Constitucional, frente a la acción de tutela interpuesta por Defensor del Pueblo del Vaupés  en nombre de los pueblos indígenas del departamento que están en grave riesgo por la falta de garantía a su derecho a la salud.

Con ocasión del estudio de una tutela presentada por el personero del municipio de Nóvita (Chocó), Dejusticia presenta argumentos a favor de la aplicación del principio de precaución para proteger los derechos a la salud, al medio ambiente, a los territorios étnicos, la territorialidad campesina y al agua de las comunidades rurales.

Dejusticia realizó una intervención ciudadana dentro del proceso de
control de constitucionalidad de los artículos 53, 54 y 55 del Código de
Policía (Ley 1801 de 2016) que regulan el derecho a la protesta social
pacífica.

Dejusticia y  otros miembros de organizaciones que hacen parte de la Alianza para la Salud Alimentaria presentamos una acción de tutela frente a las dos órdenes contenidas en la Resolución No. 59176 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de un comercial emitido por Educar Consumidores que informaba sobre los efectos que el excesivo consumo de bebidas azucaradas tiene para la salud.