Litigios

Dejusticia realizó una intervención ciudadana, en la Corte Constitucional, frente a la acción de tutela interpuesta por dos mujeres que ejercen la prostitución, quienes fueron acompañadas por  Pares en Acción y Reacción contra la exclusión Social (PARCES), quienes solicitaron la protección de sus derechos a la libertad individual, a la libre circulación, al mínimo vital, a la integridad personal y al trabajo, luego de haber sido conducidas por agentes de la policía al encontrarse en la Plaza de La Mariposa en San Victorino en Bogotá.

El pasado 11 de noviembre, Dejusticia realizó una intervención ciudadana, en la Corte Constitucional, frente a las solicitudes de nulidad de la sentencia T-445 de 2016 presentadas por la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía con coadyuvancia de ASOGRAVAS, la Asociación de Mineros e Hidrocarburos del Tolima y la Asociación Colombiana de Minería.

Dejusticia realizó una intervención ciudadana, en la Corte Constitucional, frente a la acción de tutela interpuesta por un ciudadano en nombre de los niños y niñas Wayúu que están en grave riesgo por la falta de garantía a sus derechos a la alimentación y al agua.

Dejusticia realizó una intervención ciudadana dentro del proceso de control de constitucionalidad del artículo 140 del Código de Policía (Ley 1801 de 2016) que establece medidas policivas de espacio público, que afectan a los vendedores informales.

Dejusticia demandó ante la Corte Constitucional la regulación de la protesta social contenida en la Ley 1801 de 2016 (código de policía) por varias razones que la hacen inconstitucional. 

Dejusticia intervino en una demanda que buscaba la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos del Código de Minas (Ley 685 de 2001). La demanda se enfocaba en mostrar cómo el procedimiento mediante el cual se otorgan títulos mineros desconocía varios principios y derechos constitucionales. 

Dejusticia realizó una intervención dentro del proceso de control de constitucionalidad de la Ley 1776 de 2016 (Ley Zidres) iniciado a partir de diferentes demandas que actualmente están siendo revisadas en conjunto por la Corte Constitucional.

El 19 de julio pasado, Dejusticia junto con la Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC–, el Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira, el Comité de Apoyo a Comunidades Populares –CODACOP–, y varias autoridades del pueblo Wayúu, enviamos a la Corte Suprema de Justicia un escrito apoyando la acción de tutela interpuesta por un ciudadano en nombre de los niños y niñas del pueblo Wayúu, que se encuentran en grave riesgo debido a la situación de hambre y falta de agua potable que afronta el departamento de La Guajira.

Dejusticia demandó el Decreto 857 de 2014 que reglamenta la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, por violar algunos de los requisitos necesarios para poder restringir el derecho de acceso a la información pública en poder de los organismos de inteligencia.