Interpuesta con Mauricio Albarracín Caballero, Eliana Robles Pallares y Mávilo Nicolás Giraldo, director ejecutivo y miembros del área de litigio de Colombia Diversa.

Nueva York. Febrero 9 de 2015. La red internacional de derechos económicos sociales y culturales (Red DESC), una red global con más de 220 grupos y 50 abogados independiente de alrededor del mundo trabajando para garantizar la justicia en materia de derechos económicos y sociales, ha solicitado a la Corte Estadounidense del Distrito que sea reconocida como amicus-curiae en el caso Lyda etal. v. Ciudad de Detroit, apoyando a sus residentes en contra de la decisión de Ciudad de Detroit de cortar el suministro de agua a miles de familias incapaces de pagar sus cuentas.

Presentado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad- Dejusticia.

Hace 30 años Miguel Ángel Díaz fue desaparecido forzosamente en Puerto Boyacá con participación de un agente del DAS. Él fue una de las primeras víctimas de la persecución contra la Unión Patriótica.

La Corte Constitucional ha manifestado que si uno de sus fallos comprende una ostensible, probada, significativa y trascendental violación al debido proceso, ella misma procederá a declarar la nulidad de esa decisión

Mauricio Albarracín Caballero, Jaime Ardila Salcedo, Daniel Gómez-Mazo, Alejandro Lanz Sánchez, Olga Patricia Velásques Ocampo, Juan Felipe Rivera Osorio y María Paula Hoyos Sánchez, director ejecutivo y miembros de Colombia Diversa, también son autores de esta intervención.

Dejusticia y la Flip solicitamos a la Corte que examine las contradicciones y desarmonía entre la ley estatutaria de transparencia y acceso y a la información pública ya vigente y el proyecto de ley de derecho de petición que se encuentra en examen constitucional

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), el Instituto Socioambiental (ISA), la Associação Indígena Yudjá Mïratu da Volta Grande do Xingu (AYMÏX) y el Conselho Indigenista Missionário (CIMI) presentaron ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil escrito que demuestra la ilegalidad del permiso que el Congreso dio a la represa Belo Monte.

Dejusticia intervino ante el Consejo de Estado para respaldar la legalidad de la Circular 03 de 2.013 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo –IVE-, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud.