El pasado 9 de marzo de 2017 Dejusticia presentó un informe de acompañamiento a la inspección realizada por la Corte Constitucional a la Guajira, como parte del seguimiento a una tutela interpuesta por un ciudadano contra el Gobierno, por negarles a los niños Wayúu los derechos a la salud, la alimentación y el agua potable (proceso T-5.697.370). El objetivo de esta intervención era proporcionarle información complementaria al Alto Tribunal sobre la crisis humanitaria en este departamento donde, según las autoridades indígenas, el año pasado murieron entre 80 y 90 niños por desnutrición.

Diferentes organizaciones de las sociedad civil -entre las que se encuentra Dejusticia-, así como académicos y centros de investigación, presentaron este comunicado conjunto, dirigido a  la opinión pública, la Corte Constitucional, Gobierno Nacional y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas recordó recientemente que los Estados tienen la responsabilidad de asegurar la protección de los defensores de derechos humanos. 

El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), una red de expertos sobre políticas de drogas en nueve países de América Latina, publica una nueva investigación que revela que a pesar del debate en América Latina sobre la necesidad de repensar las políticas de drogas, el encarcelamiento masivo por este tipo de delitos, aun cuando son no violentos y de bajo nivel, sigue aumentando en el continente.