Nuestra Constitución dista de ser perfecta y requiere ciertos cambios, pero es un marco jurídico en que la gran mayoría de los colombianos nos reconocemos, a pesar de nuestras divisiones. Esas propuestas ambiguas y sin sustento jurídico de constituyente por firmas o por una octava papeleta ponen en riesgo ese marco común de entendimiento entre los colombianos.

Dos tipos de amenaza se ciernen hoy contra esa voz: el asesinato como forma de acallar a los que piensan distinto y la destrucción del andamiaje institucional que está plasmado en la Constitución. En ambos casos hay que salir a marchar.

Tras la salida de dos magistradas, la Corte Constitucional perdió paridad de género (ahora está integrada por 6 hombres y 3 mujeres). Para revertirlo, sería clave que la próxima vacante se cubra con una terna exclusiva de mujeres, asegurando equidad ante la histórica subrepresentación femenina.

Ojalá nuestra sociedad no deje de sancionar socialmente a Néstor Humberto Martínez, a Odebrecht, a Corficolombiana y al Grupo Aval y se produzca un cambio cultural que contribuya a saldar la deuda con Jorge Enrique Pizano y su familia.

Amazônia, el último gran legado del fotógrafo Sebastião Salgado, es mucho más que un tributo visual a la selva tropical: es una muestra contundente de cómo el arte puede entrelazarse con la ciencia para revelar formas de conocimiento holístico profundamente arraigadas en los territorios indígenas.

Sin renunciar a nuestras diferencias políticas, pero dialogando y sin estigmatizar, debemos buscar y lograr un acuerdo nacional, que rechace la violencia y reafirme nuestros compromisos democráticos.

El Gobierno de Colombia debería hacer lo posible para que salga bien la reforma laboral en la plenaria del Senado, lo cual haría innecesaria la consulta popular.

El expresidente López Obrador hizo pasar (forzadamente) una reforma constitucional para que todos los jueces del país fueran elegidos democráticamente. Ya hubo unas primeras elecciones, pero persisten los problemas del Poder Judicial.

Mientras no haya una decisión judicial anulando la votación de la consulta popular, o el Senado mismo decida reconsiderarla y repetirla, es indudable que la votación existe, produce efectos jurídicos y tiene que ser respetada por el presidente y el ministro del interior. Cualquier otra cosa es un prevaricato y una grave ruptura de la separación de poderes.