La cultura ciudadana es transversal a todas las políticas públicas: la seguridad, la tributación, la educación, el desarrollo y la movilidad. No tener en cuenta esa conexión ha llevado, en innumerables ciudades del país, al fracaso de muchos alcaldes.

Si no entendemos que las distintas reivindicaciones de las personas líderes sociales son las que construyen sociedad al reconocer las necesidades no resueltas de distintas poblaciones en Colombia, estamos dejando al borde del precipicio posibles futuros en donde dialoguemos y construyamos un país incluyente y en paz.

La Constitución de 1991 dista de ser perfecta y ha sufrido muchas reformas, no todas ellas muy democráticas, pero es un marco jurídico en que la gran mayoría de los colombianos nos reconocemos, a pesar de nuestras divisiones.

El sistema tributario en Colombia sigue teniendo efectos desproporcionados sobre grupos tradicionalmente excluidos o discriminados, como las mujeres, y no logra contribuir efectivamente a reducir las brechas económicas de género presentes en nuestra sociedad. El Estado debe redoblar sus esfuerzos.

Con la nueva estrategia de participación para el macro caso de secuestro, la JEP tiene la oportunidad de no repetir errores, lograr un mejor balance entre las expectativas y las posibilidades, y así mejorar la experiencia de las víctimas y su credibilidad pública.

Reitero mi llamado al Consejo Superior Universitario a que recapacite y tome decisiones para sacar a la Universidad Nacional de esta grave crisis en que nos metió.

En su libro 'Pensar rápido, pensar despacio', Kahneman explica que casi todo aquello en lo que creemos está determinado por las intuiciones y las emociones, no por la racionalidad, que es demasiado lenta y perezosa.

La alteración de las reglas electorales, las extrañas reuniones previas de ciertos consejeros, el desprecio a la consulta, el voto secreto y la falta de cualquier explicación por el CSU de su decisión no solo afectan gravemente la legitimidad de elección de Peña, sino que podrían generar su nulidad jurídica.

Introducir la prohibición general de consumo en espacios públicos es una vieja, ineficaz e inconstitucional receta, pero efectiva para construir una falsa sensación de seguridad.