En casi todos los procesos de selección de las altas cortes, se han desatendido las normas y directrices, nacionales e internacionales, que piden: transparencia, publicidad, participación ciudadana, idoneidad, objetividad, independencia, imparcialidad, igualdad y diversidad.

Colombia debe exigir que cesen las violaciones a los derechos humanos y que la publicación de las actas y el reconteo sean inmediatos y con verificación internacional para que sean creíbles y evitar un agravamiento de la violencia y represión.

En 1998, muchos vimos con ilusión la promesa de Hugo Chávez de construir una sociedad más justa y políticamente menos corrupta, pero la promesa terminó en una sociedad envenenada por un discurso oficial que trata a los opositores de fascistas.

El crimen en América Latina se convirtió en un negocio multifacético, a veces transnacional, a veces puramente local. En unos casos, se trata de la provisión de bienes legales pero a través de redes delincuenciales. En otros casos, son mercados totalmente ilícitos, como el narcotráfico.

El sistema tributario colombiano es criticado por su falta de progresividad y equidad, lo que perpetúa la desigualdad. La nueva reforma tributaria que persigue el Gobierno busca corregir esto, y para ello debería enfocarse en los principios constitucionales que garantizan la plena realización de los derechos humanos.

El amor a la patria, como todos los amores, tiene algo de ceguera ante lo malo. Una madre no deja de querer a su hijo cuando este se malogra. Pero incluso en este caso hay un límite a partir del cual la maldad del vástago termina por sofocar el amor de la madre.

Es innecesaria una reforma constitucional, y menos aún una constituyente, para enfrentar el cambio climático. El marco constitucional es muy robusto; lo que faltan son ajustes a la legislación y la adopción y ejecución de políticas públicas apropiadas.

La invitación a los funcionarios públicos y al Presidente es a tolerar la carga del escrutinio periodístico sobre asuntos de relevancia nacional, una carga que no es desproporcionada y es constitucional, precisamente, por su especial impacto con la democracia.

Le basta con ejercer con grandeza republicana una de sus facultades constitucionales más importantes: su participación en la conformación de la Corte Constitucional, la Procuraduría y la Defensoría.