Cartagena enfrenta un contexto de violencia por el crimen organizado que no es nuevo, y si bien Titán apenas arranca, el alcalde con su exceso de triunfalismo generó enormes expectativas afirmando que la seguridad volvía el 1 de enero cuando en realidad empeoró.

Hoy en Colombia una constituyente no sólo no es necesaria, sino que es riesgosa, puesto que pondría en peligro la Constitución de 1991, que, sin ser perfecta, es un marco jurídico en que la gran mayoría de los colombianos nos reconocemos, a pesar de nuestras divisiones.

Unos minutos antes de entregar esta columna me llega la noticia de que el CSU nombró a Leopoldo Múnera como rector. Esa era la decisión correcta desde el inicio. Se remedió el derecho, pero ¿cómo se van a sanar las heridas?

La sentencia SU 163 afectaba la seguridad jurídica. La declaración de su nulidad abre el camino para respetar el debido proceso y las garantías constitucionales que ha amparado la Corte durante años en materia de restitución de tierras.

Una defensa genuina de la AU no debe ser entonces sólo frente a eventuales amenazas externas, que son reales, sino también frente a los igualmente reales riesgos internos de que sectores de la propia universidad manipulen los estatutos para capturarla y perpetuarse en el gobierno universitario.

En un país con costumbres clientelistas tan arraigadas como el nuestro, una democratización de su sistema de gobierno solo agravaría los problemas actuales. No alcanzo a dar ejemplos de lo que podría ocurrir si las universidades son capturadas por el clientelismo, pero ustedes se los imaginan.

Este valioso proyecto desarrolla el contenido de la educación como derecho fundamental, sin embargo corre riesgo en el Congreso.

Las decisiones judiciales que han protegido la voluntad raizal y su ecosistema deben ser celebradas y conocidas por todas las personas en el territorio colombiano.

Es el momento de que calmemos nuestros ánimos y seamos creativos y capaces de encontrar, ojalá en la UNAL misma, una salida a esta crisis. Nuestro bien superior debe ser la defensa de la universidad pública, de su autonomía y del derecho a la educación.