alrededor de 175 países se reunieron en París para dar discusión a la segunda ronda de negociaciones del tratado de plásticos, un instrumento internacional que busca establecer obligaciones jurídicamente vinculantes sobre la contaminación por plásticos.

La gran popularidad de Bukele no torna legítimo su asalto al Estado de derecho, pues está destruyendo las bases de la democracia, como tampoco lo han sido asaltos semejantes por Viktor Orbán en Hungría, Daniel Ortega en Nicaragua o el chavismo en Venezuela.

Esta saga de Bukele amerita ser conocida en Colombia porque hay ciertos sectores, especialmente en la derecha, que con razón critican severamente procesos semejantes de destrucción del Estado de derecho por Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela, pero guardan silencio frente a este asalto a la democracia en El Salvador.

El país vive adormecido en el sopor de esas necedades. Lejos quedaron los debates fundados en razones, la discusión pública animada por políticos reflexivos que proponían ideas gruesas, debatidas durante meses.

Es importante preguntarse si la jurisdicción que resultará del acuerdo entre las Cortes, el Gobierno, los congresistas y los distintos grupos de presión involucrados será capaz de responder a los retos que en materia de acceso y eficacia de la justicia plantea el contexto rural colombiano.

Si tenemos un sistema de elección que pueda conducir a la escogencia como fiscal general una persona como Francisco Barbosa, con sus problemas de ineficiencia, falta de independencia, arrogancia y utilización política del cargo, deberíamos considerar erróneo e inaceptable ese sistema.

Esperamos que Brasil y otros países de la región puedan sumarse al compromiso de promover la salud y el bienestar a través de los impuestos saludables, así como lo hizo Colombia, pese a que la industria se siga oponiendo.

La infortunada controversia entre Petro y el fiscal Barbosa podría tener un resultado final bueno: una reafirmación por el presidente Petro de su compromiso con el Estado de derecho y de su respeto a la independencia judicial.

Nada de democrático tiene la precarización de la vida y el aumento de la desigualdad, pero menos democrático aún es que las empresas decidan qué políticas públicas podemos implementar.