Las objeciones de las altas cortes y la ANDI contra estas dos importantes reformas no tienen sustento y, si son aceptadas, gran parte del potencial transformador de ambas reformas se perdería.

Aunque Mariamulata recuperó su libertad, nadie podrá repararle el tiempo lejos de su casa, de su familia y amigos. Sin embargo, ella continúa confiando en la democracia, en la defensa de las virtudes públicas y en seguir impulsando como agente política el diálogo social.

Una democracia, para que sea robusta y estable, debe estar acompañada de medidas de reforma agraria que aseguren derechos al campesinado y eviten una concentración excesiva de la tierra.

Todo funcionario, en especial si ostenta un alto cargo, debe “actuar con especial prudencia” en materia religiosa, incluido en el manejo de sus redes sociales, como lo resaltó la Corte Constitucional en la sentencia T-124 de 2021.

La lucha contra el crimen es un asunto de este mundo y por eso involucrar a seres del más allá en eso que los policías llaman, con algo de desmesura, “la inteligencia” es, por decir lo menos, poco inteligente.

El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han recibido varias tutelas sobre las fallas en la implementación del programa de sustitución. Justo en la mitad de la discusión de las reformas que deben hacerse. Si la apuesta del nuevo gobierno es retomar el cumplimiento del Acuerdo de Paz, estos escenarios judiciales ya no deberían ser el espacio para limar las asperezas entre el PNIS y las comunidades.

Una revisión de la historia nacional, a propósito de que, en medio del actual caos del orden público, los gobernadores y alcaldes del país recordaron el lema de nuestro escudo: “Libertad y orden”.

El caso de La Boquilla es relevante no solo porque se trata de una de las primeras titulaciones colectivas del Caribe, sino porque la sentencia del Tribunal podría configurarse en un grave precedente que pondría en riesgo la seguridad jurídica de los títulos colectivos de las comunidades negras del país.

Las diferentes agencias y espacios de Naciones Unidas siguen siendo relevantes para la reforma de la política de drogas, así como el diseño y la puesta en marcha de la política de drogas en Colombia.