Opinión

A través de una perspectiva comparativa sobre los programas de retorno voluntario, específicamente en México y la región del Medio Oriente y el Norte de África, buscamos visibilizar las relaciones existentes entre estos programas y las expulsiones colectivas en el Sur Global,  y cómo estas lecciones aprendidas pueden servir en la agenda migratoria de Colombia.

¿Cuántos jueces debería tener Colombia? ¿Acaso existe un estándar internacional? Busqué en numerosos documentos y encontré que ningún país de la OCDE, y creo que ninguno en el mundo, tiene 65 jueces por 100.000 habitantes.

Aunque el discurso de Petro ante la ONU fue importante, sus excesos retóricos y su afán de establecer ciertas metáforas, como asimilar la dependencia del petróleo y la adicción a las drogas, lo llevaron a tres imprecisiones.

Durante el siglo XIX y gran parte del XX, las ciudades modernas y sus espacios públicos fueron sinónimo de anonimato. Sin embargo, la figura del flâneur, o caminante sin rumbo, ya es imposible en la era de Internet.

Más de 300 académicos, periodistas y artistas, enviaron una carta al presidente Petro en la que le piden reconsiderar el nombramiento de Guillermo Reyes por ser una afrenta a la honestidad intelectual.

El papel de la Corte Constitucional ha sido agridulce. Por un lado, hay un resultado positivo que es la mayor presencia del juez constitucional sobre las instituciones en diálogo con los entes de control, las autoridades wayúu y la sociedad civil. Por otro lado, y tal vez negativo, haber adoptado medidas de choque que impacten directamente los avances de los objetivos mínimos de la sentencia le tomó demasiado tiempo.

Comparto tres argumentos de por qué la teoría del decrecimiento tiene sentido y hago una invitación a que este debate sea más nutrido, en especial, ante un escenario de crisis climática y ambiental.

A pesar del reconocimiento y el papel fundamental que desempeña la Guardia Campesina en la región del Catatumbo, quienes la integran son víctimas de estigmatización y violencia constantemente. Como consecuencia de ello, sus vidas y su integridad física corren riesgo.

La masacre de Los Guáimaros y El Tapón es la tercera con mayor número de víctimas ocurrida en el departamento de Bolívar, luego de las de El Salado y Macayepo. Aunque las familias no han dejado de exigir sus derechos a la verdad y la justicia, 20 años después aún no existe una sentencia judicial que dé cuenta de quién dio la orden.