Condenamos intervención de EE.UU. en Venezuela y exigimos respuestas urgentes de actores multilaterales

En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos realizó un “ataque a gran escala” en Venezuela, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Según lo hizo público la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, los cargos por los que fueron imputados son narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros relacionados. 

Desde Dejusticia, hemos acompañado de cerca a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos venezolanas, por lo cual conocemos y hemos denunciado tanto múltiples violaciones a los derechos humanos y las libertades como la total ruptura de  las reglas democráticas por parte de la administración de Maduro. Además, hemos reconocido que se mantuvo en el poder de manera ilegítima en el gobierno luego de las elecciones de julio de 2024. 

Sin embargo, la intervención militar de Estados Unidos es una afrenta grave al Derecho Internacional.  Esta no solo infringió las normas constitucionales de Estados Unidos (Donald Trump no solicitó autorización del Congreso), sino que operó en contra de los pilares básicos de la Carta de las Naciones Unidas, sobre todo los relacionados con la prohibición del uso unilateral de la fuerza, la violación de la soberanía de otros países y la primacía de las salidas pacíficas y multilaterales para resolver conflictos. 

Dicha intervención, además, puede convertirse en un peligroso precedente para la región y el resto del mundo, pues normaliza la idea de que una potencia extranjera puede arrogarse el derecho de decidir, por vía militar, el destino político de otro Estado bajo argumentos de conveniencia geopolítica o moral.

Nos solidarizamos con la sociedad venezolana y los potenciales efectos devastadores que puede enfrentar. Otras intervenciones recientes de Estados Unidos para derrocar gobiernos autoritarios, como Afganistán (2001), Irak (2003) y Libia (2011), significaron gigantescas pérdidas de vidas humanas, profundización de conflictos internos, graves consecuencias humanitarias y una desestabilización geopolítica de la que estas naciones aún no se recuperan.

Lo que se viene para Venezuela y la región 

En rueda de prensa, el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó que su gobierno “administrará” Venezuela «hasta que pueda tener lugar una transición apropiada». 

Aunque el pueblo venezolano merece una transición democrática y respetuosa de los derechos, la rueda de prensa no ofreció ninguna garantía para que un proceso así tenga lugar. Trump omitió mencionar la necesidad de garantizar los derechos humanos. Por el contrario, solo se refirió a los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos en América Latina, sobre todo dirigidos a la explotación de recursos. 

Este contexto sugiere una mayor inestabilidad para Venezuela y la región, por lo que es fundamental que cualquier proceso de transición sea gestionado bajo las garantías de mecanismos multilaterales y respeto por la voluntad y soberanía de la sociedad venezolana. 

Salidas urgentes 

Venezuela requiere hoy más que nunca una transición a la democracia que cumpla con los principios del derecho internacional y que entregue todas las garantías para el pueblo venezolano. Por ello, una administración temporal de Estados Unidos en ese país podría resultar nefasta y dejar de lado otras salidas pacíficas, sostenibles y congruentes con la Carta Política de la ONU. 

Lo anterior implica: 

• Que las Naciones Unidas, la CELAC y otros bloques de países no cesen en exigir el respeto del derecho internacional, la búsqueda de acuerdos de la comunidad internacional y  salidas rápidas y efectivas para evitar un escalamiento de la violencia en Venezuela.

• Que los gobiernos de América Latina, como vecinos de esta grave situación, lleven el caso a instancias, como la Asamblea General de la OEA y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
  

• Que el gobierno de Donald Trump deje de hacer insinuaciones sobre nuevas acciones violentas contra Venezuela y otros países de la región.
  

• Que el gobierno de Colombia asuma un liderazgo ejemplar que permita responder a una posible crisis migratoria en la frontera, garantizar la protección internacional de defensores de derechos humanos, activar canales diplomáticos para denunciar actos contrarios al Derecho Internacional y buscar la máxima cooperación regional para una transición negociada en Venezuela. A este gobierno también le pedimos redoblar los esfuerzos para atender el riesgo humanitario en zona de frontera por el actuar de los grupos armados ilegales.
  

• Que los partidos y liderazgos de Colombia se abstengan de instrumentalizar la crisis venezolana como insumo electoral o retórico. Convertir un asunto de altísima sensibilidad regional —con implicaciones humanitarias, de seguridad y de derecho internacional— en un mecanismo de polarización interna, no solo empobrece el debate democrático, sino que contribuye a legitimar discursos belicistas. La defensa del derecho internacional, del no intervencionismo y de la paz regional debería ser un punto de consenso democrático básico, no un campo de disputa electoral.
  
  
• Que  la sociedad civil venezolana reciba un apoyo internacional decidido y cuente con las condiciones necesarias para actuar en defensa de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.