COP30: cuando la alimentación entró en la mesa de las negociaciones sobre el cambio climático

La COP30 dejó una semilla que puede transformar la forma en que pensamos el derecho a la alimentación. No me refiero solamente a los espacios de alimentación y catering de la COP donde se dio prioridad a los productos locales, de temporada y provenientes de la agricultura familiar como el Taperebá y el Cupuaçu. La COP trascendió al involucrar la discusión sobre los sistemas alimentarios en la agenda climática global.   

En Belém se celebraron eventos, diálogos y paneles orientados a vincular las políticas climáticas con la agricultura, derecho a la alimentación y comunidades rurales. Las discusiones incluyeron propuestas para integrar los sistemas alimentarios en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), entendidas como instrumentos clave de acción climática, con el objetivo de que no solo contribuyan a la reducción de emisiones, sino también al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. Este insumo no es solo un instrumento voluntario, sino que, al ser adoptado por los Estados, funcionan como espacios de articulación entre compromisos climáticos y obligaciones jurídicas preexistentes en derechos humanos.

Esto es relevante pues históricamente los sistemas alimentarios han ocupado un lugar limitado o fragmentado dentro de las NDCs, a pesar de su estrecha relación con el cambio climático. En este contexto, integrar de manera explícita los sistemas alimentarios en las NDCs implica superar enfoques tradicionales centrados exclusivamente en la productividad agrícola o la mitigación de emisiones en el sector agropecuario, y adoptar una visión integral que contemple la sostenibilidad ambiental, la resiliencia climática y la garantía del derecho humano a la alimentación.

El modelo global agroalimentario dominante se ha basado históricamente en la producción intensiva, la homogeneización de cultivos, el uso masivo de insumos químicos y la expansión de cadenas globales de suministro. Si bien algunos autores han defendido este modelo afirmando que ha incrementado la disponibilidad de alimentos y ha contribuido a la reducción del hambre en determinados contextos, lo cierto es que también ha generado impactos ambientales y sociales significativos, como la degradación de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la profundización de desigualdades sociales.

Transición alimentaria: un cambio de paradigma hacia sistemas justos y sostenibles

Frente a estas limitaciones, organizaciones de la sociedad civil del Sur Global han introducido el término transición alimentaria, cómo una propuesta de cambio de paradigma que va mucho más allá de cambiar lo que ponemos en el plato. Este abordaje implica transformar las bases estructurales del sistema alimentario: promover la agroecología, fortalecer la agricultura familiar y campesina, diversificar la producción, reducir el desperdicio de alimentos y fomentar dietas saludables y culturalmente adecuadas y aunque no está reconocida en documentos oficiales, va ganando terreno entre los actores sociales que hacen incidencia. 

Desde una perspectiva de derechos humanos, la transición alimentaria se focaliza en garantizar el derecho a la alimentación. Este derecho, reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se limita a la ausencia de hambre, sino que comprende el acceso regular y permanente a alimentos suficientes, nutritivos, inocuos, culturalmente aceptables y producidos de manera sostenible (Naciones Unidas, 1966). En un escenario de crisis climática, garantizar este derecho exige transformar los sistemas alimentarios de modo que no comprometan la capacidad de las generaciones futuras para alimentarse. 

La transición alimentaria debe ser justa e inclusiva. Sin un enfoque de equidad, las políticas de transición pueden profundizar desigualdades existentes, afectando a pequeños productores, trabajadores rurales y consumidores de bajos ingresos, pues los pequeños agricultores y productores rurales suelen tener más limitaciones para acceder a estructuras crediticias, menos acceso a infraestructura tecnológicas, entre otras, lo que puede impedir su incorporación a los mercados. Si las políticas exigen cambios rápidos (como nuevas prácticas agrícolas o reducción de insumos), ellos cargan con costos que no pueden asumir fácilmente. En este sentido, los Estados tienen la responsabilidad de diseñar políticas públicas que apoyen a los sectores más vulnerables, aseguren medios de vida dignos, faciliten el acceso a recursos productivos como la tierra y el agua, y promuevan la participación social en la toma de decisiones.

Además, la transición alimentaria se vincula estrechamente con el concepto de soberanía alimentaria, que reconoce el derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas alimentarios de acuerdo con sus necesidades, culturas y contextos ecológicos. Este enfoque fortalece la democracia alimentaria y contribuye a una respuesta más justa y efectiva frente al cambio climático.

COP30: entre el reconocimiento de los sistemas alimentarios y el poder del lobby agroindustrial

La creciente incorporación de los sistemas alimentarios en las NDCs refleja un reconocimiento progresivo de que no es posible enfrentar el cambio climático sin transformar profundamente la forma en que producimos, distribuimos y consumimos alimentos. La transición alimentaria se consolida así como un eje estratégico de la acción climática, capaz de articular objetivos de mitigación y adaptación con la garantía del derecho humano a una alimentación adecuada. 

En este marco, la COP30 representó un punto de inflexión al situar los sistemas alimentarios en el debate climático internacional. La conferencia puso de relieve que las NDCs deben evolucionar hacia enfoques más integrales, que superen visiones sectoriales y aborden los sistemas alimentarios desde una perspectiva de sostenibilidad, resiliencia y justicia social. Asimismo, se destacó la necesidad de que estas contribuciones incorporen explícitamente el derecho a la alimentación, asegurando que las políticas climáticas no profundicen desigualdades existentes ni comprometan el acceso a alimentos suficientes, nutritivos y culturalmente adecuados. 

En el documento final de la COP30 (que se conoce como el Consenso de Belém), aunque por primera vez se reconoció la necesidad de transformar los sistemas alimentarios, las menciones fueron opacas, sin compromisos vinculantes ni financiamiento claro. Líderes sociales denuncian que el lobby de la agroindustria alimentaria fue central en este asunto, estimando cerca de 300 delegados que representaban a las grandes industrias de la agricultura y la ganadería  en la COP30, aumentando en un 14 % respecto a la conferencia del año pasado. Muchos de ellos, el 25 %, participan en las negociaciones con acreditaciones expedidas por los Estados que representan. Esto refleja cómo las NDC son documentos atravesados por conflictos, intereses y agendas, por lo que la disputa por la incorporación de la transición en muchos compromisos climáticos, era previsible. 

La COP30 abrió una ventana inédita al reconocer la urgencia de transformar los sistemas alimentarios dentro de la agenda climática, pero en paralelo el Consenso de Belém evidenció las tensiones que aún persisten entre los compromisos declarativos y la acción efectiva.  A pesar de estas limitaciones, este acuerdo abre una nueva oportunidad para que las NDCs logren convertirse en instrumentos capaces de garantizar sostenibilidad, resiliencia y equidad de los sistemas alimentarios, evitando que la transición climática siga reproduciendo desigualdades.