Defendamos a la CPI: hacemos un llamado a los Estados para proteger el Estado de derecho internacional frente al ataque de Estados Unidos

Como organizaciones de derechos humanos que trabajan en todas las regiones del mundo, nos alarma la campaña anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos para «desmantelar» la Corte Penal Internacional (CPI) «ladrillo por ladrillo». Esta campaña incluye una escalada de sanciones «contra la CPI y las organizaciones afiliadas», revocaciones de visas y prohibiciones de viaje contra el personal de la CPI y las organizaciones afiliadas, así como presión diplomática coordinada sobre otros Estados para que se retiren del Estatuto de Roma y suspendan su apoyo a la Corte.

La CPI es una institución judicial independiente e imparcial creada bajo el Estatuto de Roma en 2002 para investigar y enjuiciar crímenes atroces: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Estos son los únicos delitos dentro de su jurisdicción. La CPI puede investigar y enjuiciar a un ciudadano de un Estado no parte si comete crímenes dentro de su mandato en el territorio de un Estado parte de la CPI. Como tribunal de última instancia, refuerza —en lugar de reemplazar— la responsabilidad primaria de los Estados de investigar y enjuiciar estos crímenes. Es una piedra angular del sistema internacional del Estado de derecho, el cual —aunque imperfecto— es esencial para la paz, la justicia y la rendición de cuentas. Esta no es la primera vez que la CPI enfrenta este tipo de presión, pero la escala y la explicitud de esta campaña representan una escalada peligrosa que podría trascender cualquier caso o situación particular: constituyen un intento de intimidar a un organismo judicial independiente hasta hacerlo desaparecer, y de castigar a los Estados, organizaciones e individuos que cooperan con él.

Si esto queda sin respuesta, sentará un precedente que trascenderá a la CPI misma: que cualquier país con suficiente poder puede amenazar a las instituciones y a las personas responsables de hacer cumplir el derecho internacional. La CPI fue creada para garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, en consonancia con el principio de que tales crímenes no deben quedar impunes y de que nadie —sin importar su rango, nacionalidad o el poder del Estado que lo respalde— debe estar fuera del alcance de la justicia por los crímenes más graves conocidos por la humanidad.

La Corte no es perfecta. Ha enfrentado críticas legítimas por el ritmo, la selectividad y el alcance de sus investigaciones, y no ha logrado brindar justicia y rendición de cuentas a todas las víctimas de crímenes atroces en el mundo. Pero también ha logrado condenas reales y ha abierto la puerta a la justicia para víctimas que no tenían ninguna otra alternativa. Se erige como la única institución judicial permanente en el mundo con el mandato de perseguir la rendición de cuentas cuando los sistemas nacionales fallan o se niegan a actuar.

Rechazamos el argumento de que cualquier Estado pueda estar exento de escrutinio debido a su poder o a su papel en los arreglos de seguridad global. La fortaleza de los sistemas internacionales de derechos humanos y de justicia depende precisamente de su universalidad: del principio de que se aplican por igual, o a nadie.

Frente a estos ataques, las organizaciones miembro de INCLO se solidarizan con la Corte Penal Internacional, y con la integridad e independencia del Estado de derecho internacional, que es un prerrequisito de los derechos humanos universales. Hacemos un llamado a todos los Estados —y en particular a los Estados Parte del Estatuto de Roma— para que defiendan pública y concretamente la independencia de la Corte, resistan la presión para retirar su apoyo o cooperación, y protejan a los funcionarios y al personal de la CPI, así como a quienes cooperan con su trabajo, de cualquier represalia.

En ese sentido, instamos a los Estados a:

• Expresar su apoyo público a la CPI y al Estado de derecho internacional, y rechazar la última ronda de ataques anunciados por Estados Unidos.
• Emprender acciones diplomáticas coordinadas para defender a la CPI en contextos bilaterales, regionales y multilaterales.
• Adoptar medidas para proteger a las personas y organizaciones señaladas por las sanciones de EE. UU., incluyendo la activación del Estatuto de Bloqueo de la UE, y facilitando alternativas bancarias y financieras concretas para las personas e instituciones designadas.
• Garantizar que las organizaciones de la sociedad civil y los expertos individuales, y no solo la Corte y sus funcionarios, sean incluidos en cualquier respuesta coordinada frente a las sanciones.
• Utilizar canales públicos y privados para presionar al sistema de las Naciones Unidas, incluyendo al Secretario General y a la Asamblea General, para que se pronuncien en defensa de la CPI.
• Garantizar que los nuevos jueces elegidos a la CPI en diciembre de 2026 sean de la más alta calidad moral, para asegurar la imparcialidad de la Corte y defender el Estado de derecho.

Firmado por:

• American Civil Liberties Union (ACLU, EE. UU.)
• Canadian Civil Liberties Association (CCLA)
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, Argentina)
• Dejusticia (Colombia)
• Human Rights Law Centre (HRLC, Australia)
• Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)
• Irish Council for Civil Liberties (ICCL)
• Kenya Human Rights Commission (KHRC)
• KontraS (Comisión para los Desaparecidos y Víctimas de la Violencia, Indonesia)
• Legal Resources Centre (LRC, Sudáfrica)