Dos hechos violentos contra líderes enlutan la defensa de los DD. HH.

El pasado viernes 12 de diciembre conocimos dos episodios que, en vísperas de la Navidad, ensombrecen las celebraciones propias de estas fechas. Dos líderes sociales cercanos a nuestra organización, uno en La Guajira y otro en Norte de Santander, fueron víctimas de actores armados a plena luz del día. 

Cerca de las 2 de la tarde, en el casco urbano del municipio de Maicao, sujetos no identificados dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba Misael Socarrás Ipuana, defensor de derechos humanos indígena e integrante del colectivo Fuerza de Mujeres Wayuu. Uno de sus escoltas resultó herido mientras intentaba resguardar al líder de las balas. 

Esa misma tarde, en el corregimiento de Campo Dos, en Tibú, el líder Wilder Antonio Franco, afiliado a la Asociación Campesina de Catatumbo (ASCAMCAT), fue retenido en contra de su voluntad junto a su colega Fabián Carrascal. Hombres armados que afirmaron ser integrantes del ELN, los interceptaron cuando se dirigían desde Cúcuta hacia su residencia. Luego de la intervención de comunidades campesinas  que se movilizaron con el acompañamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos, ambos ciudadanos fueron liberados el día sábado 13 de diciembre. 

Estos hechos reflejan los difíciles contextos con los que conviven defensores de derechos humanos en Colombia, el país con el mayor número de líderes sociales y ambientales asesinados a nivel mundial, según la organización Global Witness. 

Sobre los defensores 

Desde hace dos décadas, Misael Socarrás ha denunciado las graves consecuencias de la megaminería de carbón a cielo abierto en La Guajira. De hecho, el líder es uno de los accionantes de la sentencia SU-698 de 2017, por la cual la Corte Constitucional dio órdenes para proteger el arroyo Bruno, desviado 3 kilómetros por la empresa Carbones del Cerrejón para continuar con su actividad extractiva. Esta situación, a la que Socarrás se ha opuesto de forma tajante, le ha significado múltiples amenazas y atentados. 

El caso de Wilder Antonio Franco, que cuenta con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se ubica en un territorio (Tibú) en el que, según el informe de la Comisión de Verificación Humanitaria adelantada en noviembre de este año, los impactos humanitarios de la confrontación armada tienen en estado crítico a la población civil y obstaculizan la labor de los líderes sociales, en especial la de los presidentes de Juntas de Acción Comunal. 

Esta información es consistente con el último informe de Indepaz, que ratifica que en esta zona (tIBÚ)  se han agravado las confrontaciones entre las disidencias del Frente 33, el Eln y la Fuerza Pública, y donde aumentaron los asesinatos a líderes sociales en el último año: mientras en 2024 se registraron dos, en 2025 van seis. 

El derecho a defender derechos

Desde noviembre diversas organizaciones defensoras de derechos humanos hicieron un llamado para atender el escalamiento de la confrontación armada que se prevé para los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 en la región del Catatumbo. En el mismo sentido Indepaz anticipó que a nivel nacional era posible el incremento de los asesinatos de líderes en diciembre de 2025 frente a años anteriores. Esto tiene relación con el aumento del riesgo en los periodos preelectorales (2026), “lo que evidencia una instrumentalización de la violencia contra líderes sociales como mecanismo de control político y social en contextos electorales”.

Desde Dejusticia nos sumamos al llamado de otras organizaciones y organismos que en los últimos días han alertado sobre la grave situación de riesgo en la que se encuentran las personas defensoras en La Guajira y Norte de Santander.

Asimismo, le pedimos al Gobierno de Colombia que proporcione condiciones de seguridad a estos dos líderes y sus familias mientras se esclarecen los autores y móviles de ambos hechos violentos. 

Justo hace dos años, en diciembre de 2023, la Corte Constitucional de Colombia dictó una sentencia que reconoció, por primera vez, el derecho a defender derechos humanos, y ordenó una serie de medidas para su protección. 

Hoy, las denuncias que aquí exponemos confirman que en el país persiste la violencia contra la población líder y defensora de derechos humanos. De hecho, junto a la Comisión de Seguimiento a la Sentencia SU 546 de 2023 (Cosesu), de la que somos parte, presentamos un balance, y encontramos que el nivel de cumplimiento de las entidades responsables ha sido medio.