El Decenio Afrodescendiente en Colombia avanzó poco en proteger a mujeres y personas LGBTIQ+

En diciembre de 2013, la ONU proclamó el Primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes para el periodo 2015-2024. Un compromiso global para que los países del mundo actuaran contra el racismo hacia las personas afrodescendientes. Se suscribió bajo las consignas de reconocimiento, justicia y desarrollo. Los Estados fueron llamados a incorporar una perspectiva de género en sus políticas públicas para esta población. Colombia firmó este compromiso.

En nuestra nueva publicación, El Primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes desde una perspectiva de género: avances, vacíos y retos en el caso colombiano, hacemos un balance de lo que ocurrió en el país durante esos diez años.

Nuestra investigación revisó planes nacionales y departamentales de desarrollo, marcos normativos, informes de rendición de cuentas, respuestas a derechos de petición y sostuvimos entrevistas con actores clave de las instituciones, la sociedad civil y la academia. A partir de ahí, señalamos avances parciales, compromisos incumplidos y una suerte de diagnóstico: hay una desarticulación entre las políticas para combatir el racismo y las políticas para atender las violencias de género.

Lo que encontramos

El problema central no es la ausencia de leyes. Es que esas leyes raramente se hablaron entre sí. Los programas contra el racismo casi nunca incorporaron perspectiva de género; los programas contra las violencias de género casi nunca reconocieron la condición étnico-racial de las víctimas. Y cuando alguna política dirigida a población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera incluyó un enfoque de género, lo redujo a las mujeres cisgénero, dejando por fuera a mujeres trans, lesbianas y personas LGBTIQ+ afrodescendientes.

En cuanto a los planes de desarrollo nacionales, el panorama varía según el gobierno. El segundo mandato de Juan Manuel Santos, que coincidió con el inicio del Decenio, redujo las medidas dirigidas a esta población respecto a periodos anteriores, sin que se garantizara una consulta real con las comunidades. Los gobiernos posteriores aumentaron el número de medidas, pero siguieron siendo insuficientes en su enfoque interseccional: solo el actual Plan de Desarrollo muestra un avance más significativo, con el 25,5% de sus medidas para esta población incorporando perspectiva de género.

En el nivel departamental, la situación es igual de fragmentada. La inclusión de medidas para población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera dependió más de la voluntad política local que de los compromisos internacionales. Casos como los de Chocó y San Andrés ilustran bien las tensiones. En el primero, la planeación territorial carece de articulación entre enfoques étnico-racial y de género; en el segundo, las políticas nacionales no se adaptan a las particularidades culturales del pueblo raizal. «Cuando se piensa en género y raza, se piensa en el Pacífico o en el Caribe continental, pero no en el archipiélago, que tiene sus propias dinámicas y problemáticas», señala Katherine Dimas, abogada raizal.

Sobre la producción de estadísticas, la conclusión también preocupa. Los avances en datos interseccionales, que crucen raza, género, orientación sexual, clase y territorio, han recaído principalmente en la sociedad civil y la academia, no en el Estado. Las encuestas oficiales incluyen la variable sexo, pero casi ninguna incorpora identidades de género diversas ni orientaciones sexuales, lo que vuelve estadísticamente invisibles a las personas LGBTIQ+ afrodescendientes. Sin esos datos, no hay política posible.

Lo que recomendamos

En nuestra publicación proponemos una hoja de ruta concreta de cara al Segundo Decenio Internacional (2025-2034), que la ONU proclamó en diciembre de 2024. Nuestras recomendaciones apuntan a:

1. Fortalecer la participación. Las comunidades afrodescendientes, y en particular mujeres y personas LGBTIQ+ negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, deben tener mecanismos vinculantes, no simbólicos, de consulta y veeduría en el diseño de los planes de desarrollo y de las políticas que las afectan.
2. Articular el Decenio con la planeación estatal. Los próximos planes nacionales y departamentales deben incorporar explícitamente el marco del Decenio, con planes de acción concretos y presupuestos diferenciados. Los compromisos internacionales no pueden seguir flotando desconectados de las realidades locales.
3. Hacer transversal el enfoque interseccional. Esto implica diseñar indicadores que permitan evaluar el impacto diferenciado de las políticas en mujeres y personas LGBTIQ+ afrodescendientes, y construir rutas de atención a violencias basadas en género que reconozcan la especificidad de quienes experimentan múltiples formas de discriminación.
4. Garantizar la sostenibilidad institucional. Avances como el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Programa Salvia o el Sistema Nacional de Cuidado no pueden quedar a merced de los ciclos electorales. También se debe reducir la dependencia de la cooperación internacional para financiar programas que tendrían que sostenerse con recursos propios del Estado, y a ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, firmada por Colombia en 2013.

El Segundo Decenio apenas inicia. Este balance que presentamos es una herramienta para que el Estado colombiano, y quienes le hacemos veeduría, no repitamos durante los próximos diez años los mismos errores de los anteriores.

LEA AQUÍ LA PUBLICACIÓN COMPLETA