A Constituent Assembly to try judges?

Hace unos días la Corte Constitucional tumbó el esquema de juzgamiento de magistrados y del fiscal establecido en la reforma de equilibrio de poderes que reemplazaba el antejuicio político, es decir, el procedimiento según el cual la condena de un magistrado o del fiscal requiere primero que el Congreso lo investigue y acuse antes de ser juzgado por la Corte Suprema.

Un argumento central de la Corte, según el comunicado de prensa, fue que el nuevo esquema sustituía la Constitución al permitir que un órgano no elegido popularmente y sin legitimación democrática directa (Comisión de Aforados) los investigara y acusara, pues ello sustituía el concepto de independencia judicial. La decisión desató la ira de muchos.

En una columna anterior expliqué por qué creía que ni los magistrados ni el fiscal debían tener un antejuicio político. No veo razones para justificar que funcionarios que no son políticos tengan un juicio penal con tintes políticos.

Además, la experiencia muestra que los procedimientos más efectivos para juzgar altos funcionarios son aquellos que se acercan a los de los ciudadanos comunes y corrientes, como en el caso de la parapolítica o de los ex directores del DAS. Dada la decisión judicial y las reacciones que suscitó, quiero mostrar objeciones a los argumentos de la Corte y señalar por qué es inapropiado que los congresistas soliciten una asamblea constituyente en este caso.

Respecto a las objeciones a los argumentos de la Corte, aquí presento dos. Primero, no parece central al corazón de la independencia judicial que el órgano político por excelencia del país (Congreso), investigue, acuse y destituya magistrados, cuando la independencia judicial promueve que se evite al máximo la injerencia de los políticos en la rama judicial.

Segundo, menos aún convence la Corte cuando dice que es fundamental en el esquema de juzgamiento permitir valoraciones asociadas a la estabilidad de las instituciones y al bien común para definir si se destituye o acusa a un magistrado o al fiscal, y que impedir estas valoraciones afecta la independencia judicial.

No entiendo por qué la Corte consideró que un esquema que disminuía la injerencia del Congreso en el juicio penal en contra de magistrados y del fiscal, impedía que fueran juzgados por sus votos y opiniones, y sometía el proceso penal al derecho, anula la independencia judicial a tal punto de sustituir la Constitución.

Pero a pesar de las discrepancias con la decisión, parece exagerado que los congresistas pidan una asamblea constituyente para “acabar con la impunidad de la que gozan los magistrados y el fiscal”, cuando son los congresistas quienes siempre han tenido la obligación de investigarlos y acusarlos. Es decir, si en este momento los congresistas dicen que hay “impunidad de facto”, es culpa de ellos mismos. Por eso, el Congreso debe despabilarse. No puede continuar con la inoperancia total demostrada a lo largo de la historia en los cientos de casos que ha archivado y que ha dejado de investigar. Tampoco puede seguir mostrando, como en el caso de Pretelt, que sus procedimientos de investigación y acusación son ineficientes e improvisados.

Esta es, entonces, la hora del Congreso. Debe tener voluntad política para poner en marcha el esquema de investigación y juzgamiento que tiene a su cargo, que debe ser eficiente, eficaz y garantizar el debido proceso. Por eso, dado que las funciones investigativas y judiciales de los congresistas han sido reafirmadas por la Corte Constitucional, estos deben tomársela en serio. Para ello, deben superar los atrasos en el trámite de los casos, adelantar los procesos en tiempos oportunos y proferir decisiones justas en el marco del Estado de Derecho. Más que una asamblea constituyente, se necesita que el Congreso haga su trabajo.