Argentina and Colombia Go after Economic Actors in Contexts of Violence
Nelson Camilo Sánchez January 5, 2016
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In recent weeks there have been two interesting development in the movement to demand responsibility from economic actors that support serious human rights violations in contexts of conflict and repression, such as the case of Chiquita Brands’ support to Colombian paramilitaries, or Argentinean companies that financed and supported the military regime.
In recent weeks there have been two interesting development in the movement to demand responsibility from economic actors that support serious human rights violations in contexts of conflict and repression, such as the case of Chiquita Brands’ support to Colombian paramilitaries, or Argentinean companies that financed and supported the military regime.
La primera noticia es la decisiĂłn del Parlamento argentino de crear una “comisiĂłn investigadora sobre la complicidad de grupos econĂłmicos con la Ăşltima dictadura cĂvico militar” ocurrida en ese paĂs.
La segunda es el anuncio de una futura “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” en Colombia, a ser instalada una vez finalice el proceso de paz que sostienen el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc. Entre otras tareas, la Comisión tendrá dentro de su mandato promover el reconocimiento de:
- responsabilidades no solo de quienes participaron de manera directa, sino también indirectamente del conflicto.
- factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto
- el fenĂłmeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orĂgenes y formas de manifestarse; su organizaciĂłn y las diferentes formas de colaboraciĂłn con esta, incluyendo su financiaciĂłn
Estos anuncios son buenas noticias pues la lucha por la rendiciĂłn de cuentas de quienes cometieron o han ayudado a cometer graves crĂmenes durante Ă©pocas de represiĂłn o conflicto ha sido larga y difĂcil.
- En unos pocos casos las sociedades que padecieron la violencia han logrado lanzar procesos serios para el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de las vĂctimas y el juzgamiento de los responsables.
- Y, en la gran mayorĂa de Ă©stos, los procesos de rendiciĂłn de cuentas han llegado hasta los perpetradores directos, pero muy poco se ha logrado frente a quienes planearon, dirigieron y, especialmente, a quienes financiaron o se beneficiaron econĂłmicamente de estos crĂmenes.
Estas dos iniciativas, que, pese a que parten de contextos muy distintos, se terminan alineando en el tiempo, caen además muy bien en este momento. En primer lugar, la cuestión de la responsabilidad económica (y particularmente de empresas) sigue siendo un tema poco explorado en la discusión académica especializada.
En segundo lugar, si bien algunas experiencias de comisiones de la verdad pasadas han buscado enfrentar el tema (un reciente estudio de la Universidad de Oxford encontrĂł que al menos 11 Comisiones lo han hecho), las lecciones son variadas y los resultados alcanzados en estas experiencias han sido criticados.
En tercer lugar, estas discusiones, y el mecanismo de las comisiones de la verdad, le dan un nuevo aire a las experiencias de litigio estratĂ©gico que se han dado en varios lugares del mundo, pero que tambiĂ©n han tenido resultados muy mixtos, y cuyas oportunidades de avance se han venido achicando en los Ăşltimos tiempos, como ha sucedido con el litigio de responsabilidad civil en los Estados Unidos mediante el Alien Tort Statute (ATS), una ley que permite que extranjeros presenten demandas civiles ante los tribunales federales de EEUU por violaciones del derecho consuetudinario internacional. En los Ăşltimos años, la Corte Suprema de ese paĂs ha ido limitando el alcance del ATS, en particular con relaciĂłn a las corporaciones. Las empresas extranjeras ya no pueden ser demandadas bajo el ATS y las empresas norteamericanas deben tener conexiones fuertes entre sus actividades domĂ©sticas y sus violaciones de DDHH en el extranjero.
Las iniciativas están rodeadas tanto de oportunidades como de retos. En el caso de Argentina, la iniciativa viene acompañada de un largo proceso de judicializaciĂłn de crĂmenes de lesa humanidad y de litigio contra algunas compañĂas que apoyaron la violencia. Recientemente, además, se publicĂł un exhaustivo estudio en donde se investigaron más casos de responsabilidad empresarial y crĂmenes de lesa humanidad. Pero enfrenta retos derivados de la transiciĂłn polĂtica actual y el posible impacto que Ă©sta podrĂa tener en las iniciativas de justicia transicional. Además, como comisiĂłn parlamentaria, enfrenta el desafĂo de estructurarse de manera tĂ©cnica, independiente y responder a un mandato que deberá realizar en un muy limitado marco temporal.
El contexto colombiano es muy distinto. El proceso de negociaciĂłn de un acuerdo de paz aĂşn está por ser finalizado y, por ende, la transiciĂłn todavĂa está pendiente. El proceso de esclarecimiento incluye un marco temporal muy grande (más de cinco dĂ©cadas de conflicto) y la agenda de la responsabilidad de actores econĂłmicos compite en importancia y tiempo frente a otras (como la responsabilidad de combatientes, el Estado, los polĂticos, entre otras). A diferencia de Argentina, el mecanismo de comisiĂłn de la verdad es adicionalmente nuevo para la experiencia colombiana y deberá realizarse de manera paralela con otros procesos como el de justicia que adelantará un tribunal excepcional y especializado.
El 2016 será entonces un año importante para ver cómo estas dos experiencias latinoamericanas pueden consolidarse como iniciativas innovadoras y eficaces que aporten en la discusión sobre mecanismos de justicia.
