Informal Justice: the conflict resolution formula in areas that the FARC will vacate

En la entrada anterior sostuve que hay otras políticas más importantes que el perdón después de los acuerdos de paz, como el diseño de buenos mecanismos para solucionar conflictos. Es decir, mecanismos en los pueblos y en el campo de Colombia, aceptados por la comunidad, respetuosos de la Constitución, que resuelvan rápidamente conflictos sobre riñas, lesiones, préstamos… Conflictos de la vida cotidiana en sociedad.

Para lograr este objetivo el Estado tiene que construir sistemas de solución con base en lo que existe en los territorios e integrar los sistemas no estatales de resolución de conflictos a la estrategia. En el país, las Juntas de Acción Comunal (JAC) van a jugar un papel central en este propósito.

En Colombia pasa algo que es común en muchos países en donde el Estado es débil: hay actores informales o actores armados ilegales que resuelven los conflictos de las personas. Esto pasa en países como Pakistán, en donde las jirgas (unos comités tradicionales) dirimen los conflictos en el noroccidente del país. O ha pasado en múltiples países con conflictos armados internos, como Liberia, Costa de Marfil, India, Filipinas,… allí hay o hubo actores armados que resolvían los conflictos.

Por lo general, estos sistemas informales solucionan rápidamente los conflictos de una manera que a la gente le parece adecuada, ya sea porque hay un gran arraigo cultural de este sistema como en el caso de Pakistán o porque los grupos armados intentan satisfacer las expectativas de la gente para poder controlar el territorio. Sin embargo, la forma en la que lo hacen muchas veces viola los derechos humanos.

En Colombia también existen los sistemas de solución de conflictos administrados por actores armados. Están asentados en las regiones de mayor control guerrillero, en donde usualmente, su control del territorio ha sido más largo, y aún mayor en zonas rurales en donde la presencia del Estado es más precaria. En estas regiones los grupos armados y en particular las Farc han usado instituciones creadas por ley para servir como instancias de solución de conflictos. Estas son las JAC.

Las JAC son comités conformados por líderes locales elegidos por las personas de la comunidad. Actualmente hay más de 40 mil juntas en el país y en algunas regiones operan desde antes de 1960. Inicialmente fueron creadas para tramitar las demandas de estas comunidades al Estado pero en muchos lugares hacen más que eso. Por ejemplo, en zonas de control tradicional de las Farc como en la zona rural del Caquetá, resuelven conflictos y tienen la información básica sobre el uso de la tierra, quién vive en la zona y a qué se dedica. Información básica para el funcionamiento del Estado, que le ha servido a las guerrillas para gobernar estas zonas.

La estrategia de construcción de Estado en el post acuerdo del país debe incorporar a las JAC a la política que se implemente, al menos en los municipios de control tradicional de las Farc en donde se van a priorizar las políticas públicas. Esta integración debe enfrentar tres retos propios de estos sistemas informales.

El primero es que sean respetuosos de los derechos humanos. Estos sistemas generalmente violan derechos tan básicos como la vida o la integridad personal. Por eso sobre sus sanciones debe existir un límite que proteja los derechos humanos.

Un segundo reto es la inconsistencia de estos sistemas, en el tiempo y en el territorio nacional. Las reglas que aplican pueden ser fácilmente cambiadas porque la mayoría de sistemas ni siquiera son escritos. Asimismo entre comunidades hay cambios en las normas que aplican. Por eso, la estrategia debe lograr cierta autonomía y diversidad de formas de solución de conflictos dentro del marco constitucional.

El tercero reto es la pérdida de eficacia de los sistemas una vez se retira el actor armado que lo controla. Este es quizá el reto más grande. Los sistemas funcionan porque son aceptados y porque los actores que los administran tienen el poder de hacer cumplir las drásticas sanciones que aplican. Una vez se retiran los actores armados ilegales deben seguir siendo aceptados pero no pueden operar de la misma forma los castigos.

Tres ideas para enfrentar estos retos en el país (en particular el último):

El primer vínculo entre los  sistemas formales e informales puede ser de reconocimiento. Cada sistema debe reconocer y entender qué normas incorpora el otro sistema, cuáles pueden seguir operando en el sistema informal y cómo se pueden articular los dos. La guía debe ser maximalista, se deben aceptar la mayor cantidad de funciones y de formas de solucionar conflictos que sean compatibles con los derechos humanos. Esto permitirá que los sistemas informales sigan operando de la forma más parecida a como lo han venido haciendo.

El segundo vínculo debe ser de poder controvertir la decisión de los sistemas informales ante el sistema formal si hay un desacuerdo con la decisión. Se esperaría que llegaran pocas controversias en la medida que el sistema informal ya funciona en estas regiones. No obstante, es necesario dejar abierta la posibilidad para hacer un control más estricto sobre la garantía de derechos.

Tercero, trabajar articuladamente con una policía rural. El cumplimiento de normas es difícil si no hay un actor que pueda ejercer legítimamente la fuerza y haga cumplir las decisiones de las instituciones habilitadas para resolver conflictos.

El enlace entre la justicia del Estado y estos sistemas en el país son las JAC. Son estas instituciones las que podrían asumir las competencias y brindar un camino para que solucionemos los conflictos no con las balas sino con palabras. Este parece ser un buen camino para tener sistemas de solución de conflictos en el territorio, que sean rápidos, aceptados por la comunidad y constitucionales.

Vea la primera parte de este especial: Después del conflicto, perdonar no será lo fundamental: lecciones desde Sierra Leona

Nota: La última entrada de esta serie la voy a dedicar al caso de la reactivación económica en el posconflicto. Será una reflexión a partir del caso de Ruanda.