Lots of Mines, Few Owners, and Mutual Favors

En apariencia estas cifras mostrarían que la minería legal es un negocio abierto a muchos actores y relativamente democrático en su participación. No obstante, en esta entrada se explicarán dos hechos que niegan esa conclusión aparente: 1) la mayor parte del área entregada se concentra en unas pocas personas naturales o jurídicas, configurando un acaparamiento del subsuelo entregado para la minería aun mayor que el de la tierra o el ingreso en el país; y 2) varios de los mayores titulares mineros pertenecen o tienen vínculos cercanos con unos pocos grupos empresariales, en su mayoría extranjeros, los cuales conforman un oligopolio de la titulación minera. Además, hay algunos indicios que sugieren que 3) algunos de estos grupos empresariales han mantenido estrechas relaciones con los funcionarios y políticos que les entregaron una parte importante de los títulos mineros que hoy poseen. Veamos.

1. El subsuelo en Colombia está muy concentrado, mucho más que la tierra o el ingreso

Para medir la concentración del subsuelo concesionado en minería en Colombia al 21 de octubre de 2013 es posible acudir al método que se presenta en el siguiente gráfico. Primero se traza una recta hipotética de distribución equitativa, en la que a todos les esté asignado exactamente la misma cantidad de área titulada para la minería (la recta roja). Luego se dibuja una curva (la de color azul) en la que se muestra el porcentaje acumulado del área total que se le ha entregado al 1%, al 10%, al 20% de los mayores titulares mineros, y así sucesivamente hasta mostrar cómo se reparte la totalidad del área entre el 100% de los titulares. Finalmente se compara la distancia entre la recta de distribución equitativa y la curva de la distribución real.

Para tener una idea del grado de concentración del subsuelo concesionado en relación con lo que ocurre con otros factores productivos puede compararse el porcentaje del área total entregada para la minería que acumula el 1% de los mayores titulares mineros, con la riqueza que concentra el 1% más rico de la población, o con la tierra que acapara el 1% de los mayores terratenientes. Mientras que el Top 1% de los más ricos concentra el 20,4% del ingreso, y el 1,15% de los mayores terratenientes acaparan el 52,2% del área, al 1,15% de los mayores titulares mineros se le ha otorgado el 56,5% del área total. La conclusión es la misma si se observa lo que ocurre para el Top 10%: los que están en ese segmento de los más ricos concentran el 50% del ingreso, mientras que el 10% de los mayores titulares mineros acaparan el 85% del área total entregada para la minería.

Cabe señalar que la concentración de un factor puede terminar por reforzar la de otro: es una verdad elemental que para explotar el subsuelo es necesario intervenir el suelo, por lo cual la concentración de derechos de explotación del subsuelo en unas pocas manos pueden incidir en el acaparamiento de tierras en cabeza de las grandes empresas mineras, como ha ocurrido por ejemplo con la minería del carbón en el centro del Cesar. Con la exclusión del tema minero-energético de la agenda de negociación, este factor podría no ser considerado en la discusión de los mecanismos para hacer más democrática la distribución de tierras en los diálogos de la Habana.

2. Muchos titulares mineros pero pocos grupos empresariales.

Con todo y lo sorprendente que pueden resultar estas cifras, hay que decir que en realidad subestiman el nivel de concentración del área concesionada. Si uno quisiera, por ejemplo, aproximarse al acaparamiento real del subsuelo por parte del grupo económico al que pertenece la AngloGold Ashanti, tendría que calcular el área titulada no solo a la empresa AngloGold Ashanti Colombia S.A (AGA S.A), que es la persona jurídica con mayor número de títulos en Colombia, sino también al cúmulo de empresas que conforman su grupo empresarial y a las personas naturales que les han cedido títulos y son auspiciadas por la empresa. El mapa que se presenta a continuación muestra esas diferencias, distinguiendo en rojo el área otorgada a la empresa AGA S.A (13,39% del total), y en amarillo el que se le ha titulado a las personas naturales o jurídicas que estarían relacionadas con su grupo empresarial según investigaciones realizadas por La Silla Vacía y el senador Iván Cepeda (y que sumada a los títulos de AGA S.A representaría el 18,01% del área total entregada). El mapa también presenta en azul el área concedida a las empresas del segundo grupo económico que más subsuelo concentra: el grupo de Bullet. Su propietario es Robert. W. Allen, un ingeniero norteamericano pionero de la minería en Antioquia, que ha sido representante legal de por los menos seis Sociedades Ordinarias de Minas (el Yerbal, Pluma Blanca, El Molino, Encenillos, Góngora y El Percal) a las que también se les ha otorgado una parte considerable del área, y que sumada a la de las empresas del grupo concentrarían el 3,75% del total titulado.

Este mapa evidencia la estructura oligopólica de la titulación minera: tan solo dos grupos empresariales concentran más de una quinta parte del área concesionada para la minería en el país. Los grupos AGA y de Bullet sumados tienen titulada un área superior a la del departamento de Sucre. Cabe destacar que hay directivos en común en las compañías de ambos grupos. Es el caso de Gustavo Koch quien, aparte de tener títulos mineros por medio de otras empresas, ha hecho parte tanto de la sucursal en Islas Vírgenes de Gramalote Colombia – perteneciente al grupo AGA- como de Contintental Gold –que pertenece al Grupo de Bullet. Algunas empresas de este último grupo, como es el caso de Negocios Mineros S.A, también tienen títulos en el Tolima cercanos a La Colosa, la mina en la que la AGA planea desarrollar su proyecto más ambicioso.

3. Puerta giratoria e intercambio de favores.

¿Cómo llegó a conformarse este acaparamiento y extranjerización del subsuelo por parte de unos pocos grupos económicos? El papel de los Gobiernos ha sido uno de los factores claves para asegurar la posición monopólica de las compañías, como lo ilustra bien el caso de la AGA S.A. Con un total de 269, fue la empresa que más títulos recibió durante los dos gobiernos de Uribe. El gobierno Santos le ha entregado más de 121, incluyendo dos títulos en páramos según denuncias recientes. Estos títulos se concedieron pasando por encima de cualquier criterio de ordenamiento ambiental (basta ver los títulos concedidos en páramos o en parques naturales), y varios de ellos se otorgaron en territorios de grupos étnicos que fueron desplazados violentamente o en zonas en las que comunidades agromineras derivaban su sustento de la minería artesanal desde hace décadas, como ocurrió en el Sur de Bolívar.

La cabeza de la entidad responsable de entregar buena parte de estas concesiones fue Julián Villaruel, director de Ingeominas entre 2005 y 2007, quien posteriormente fue nombrado representante legal de Gramalote Colombia, empresa que hace parte del grupo empresarial de la AGA y que planea desarrollar un proyecto aurífero en inmediaciones de predios que hace unos años fueron propiedad de la familia Uribe Vélez en San Roque, uno de los municipios más violentos y expulsores de población desplazada en la Antioquia de los noventa. Como consta en el acta de nombramiento de Villaruel, Josefina Araujo Baute, directora de etnias y asesora del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en el gobierno de Uribe, también llegó a ocupar el cargo de secretaria de la empresa.

No es de extrañar por tanto que, con todas estas relaciones, la AGA S.A haya sido una de las principales donantes a la campaña al Senado del Centro Democrático, con un generoso aporte de 45 millones de pesos (dividido en partes iguales de $450.002 para cada candidato de la lista). Otras empresas que ocupan un lugar privilegiado dentro del oligopolio como Mineros S.A y Cementos Argos, la tercera y cuarta empresas que más títulos recibieron en los ocho años de la confianza inversionista –y que continúa hoy con Santos al mando-, hicieron lo propio con importantes aportes a la campaña de 58 y 152 millones respectivamente (si se suman los aportes del grupo Argos).

Algo habrá de cierto en aquella vieja intuición de que en determinados momentos el Estado puede convertirse en el instrumento para asegurarle a los monopolios privados, cada vez más entrelazados con el sector público, una nueva esfera de inversiones. Queda por ver si con el decreto de licencias ambientales exprés, o la autorización del fracking, se ratifica la percepción de que este gobierno también está cumpliendo a carta cabal esa función, sin importar los costos sociales y ambientales para el resto del país.