Feliz cumpleaños, Constitución de 1991: Estos son los no negociables para salvaguardar su esencia

Los últimos cuatro años ha habido episodios que tensionaron la democracia colombiana. Hemos enfrentado tensiones entre el Ejecutivo y las otras ramas del poder, presiones sobre la institucionalidad electoral, intentos de cambios de la Constitución por fuera de canales establecidos, persistencia en la violencia contra líderes sociales, entre otras. Frente a ese panorama, desde la sociedad civil mantuvimos una voz crítica y de exigencia por la vigencia del Estado de Derecho y los derechos humanos.

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Con el cambio de gobierno y a propósito del cumpleaños número 35 de nuestra Constitución Política, desde Dejusticia manifestamos que seguiremos vigilantes y exigiremos, al menos, las siguientes garantías constitucionales y democráticas:

1. Separación de poderes y contrapesos efectivos. Una democracia sin contrapesos reales se convierte en un cascarón sin contenido. La separación de poderes impide que el poder se concentre en pocos y ha garantizado que las decisiones de los gobiernos tengan límites. En un esquema de contrapesos efectivos, el Congreso debe ejercer control político y la Rama Judicial decidir con independencia. Para que este esquema se mantenga y profundice, debe haber un compromiso claro de las instituciones y los liderazgos políticos para evitar que los mecanismos de frenos y contrapesos sean vaciados mediante reformas aceleradas contrarias al interés general. Ninguna rama del poder debe subordinarse a otra sino colaborar armónicamente.
2. Independencia judicial. La independencia judicial es una garantía para la realización de los derechos y para el control de cualquier eventual arbitrariedad de la administración. Los jueces no pueden estar sometidos a presiones, represalias ni amenazas por sus decisiones; y sus fallos deben ser acatados aún más cuando sean inconvenientes para el gobierno. Las cortes no pueden ser una extensión del gobierno de turno.
3. Libertad de prensa y acceso a la información pública. La prensa libre es la condición que hace posible que la ciudadanía conozca lo que el poder hace con sus recursos y su mandato. La ciudadanía activa es posible si hay libertad para acceder a la información. Esta libertad se erosiona de muchas formas, no solo con censura directa sino también mediante la instrumentalización de los jueces para hostigar judicialmente. Usar los tribunales para silenciar es tan grave como la censura directa. El gobierno entrante debe rechazar y no hacer uso de prácticas de estigmatización, silenciamiento y hostigamiento judicial contra los medios críticos, así como debe garantizar que acceso a la información pública oportuna y real.
4. Autonomía de los órganos de control. La Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría existen para ejercer el debido control sobre el poder público. Esta función sólo es posible si cuentan con independencia administrativa, presupuestal y operativa. Cuando su presupuesto se recorta como mecanismo de presión, se acaba con la finalidad de rendición de cuentas. Los hallazgos que deriven de su labor deben ser públicos sin dilación ni interferencia.
5. Acceso a la justicia y garantía del debido proceso. Toda política de seguridad o de justicia debe garantizar explícitamente el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el control judicial de la detención y el acceso real a la justicia para quienes no tienen con qué pagarla. La seguridad no se construye pasando por encima de las garantías mínimas. Una persona privada de libertad sin proceso justo no es prueba de que el Estado funciona, sino de que el Estado puede hacer lo que quiera con quien decida señalar.
6. No regresividad de los derechos sociales y ambientales. Los derechos a la salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social no son concesiones del Estado que se otorgan y se retiran según la coyuntura fiscal o política. No son admisibles los retrocesos en las conquistas históricas reconocidas constitucionalmente. En la práctica, la regresividad puede tomar distintas formas, como reformas legales, recorte presupuestal silencioso, desfinanciamiento gradual, vaciamiento de la institucionalidad encargada de implementar los programas, etc. Los derechos ambientales merecen la misma protección. La transición energética debe continuar y debe garantizarse en condiciones dignas. Vigilaremos tanto las reformas normativas como los presupuestos, porque la garantía de los derechos sociales y ambientales es condición de una democracia en la que la ciudadanía puede participar activamente.
7. Derechos de las minorías y grupos históricamente discriminados. Los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, de las personas de los sectores LGBT+, y de las mujeres, los migrantes y las personas con discapacidad no son derechos de segunda categoría que puedan sacrificarse en nombre de mayorías o de agendas culturales conservadoras. Estos derechos tienen anclaje constitucional, respaldo en tratados internacionales ratificados por Colombia y una historia de lucha que no puede ser borrada por decreto ni por presión social. Las políticas de reconocimiento y participación efectiva deben mantenerse y fortalecerse, independientemente de quién gobierne.
8. Garantías para la sociedad civil organizada. Las organizaciones sociales y comunitarias somos un tejido que hace posible la democracia fuera de los ciclos electorales. La sociedad civil debe poder operar sin vigilancia arbitraria, sin hostigamiento, ni campañas de estigmatización que las presenten como enemigas del país o agentes de intereses externos. Además se debe garantizar su participación real en los procesos de toma de decisiones que afectan el futuro de la ciudadanía.
9. Integridad del sistema electoral. Las elecciones son la fuente de legitimidad de todo gobierno democrático, pero esa legitimidad depende de que las reglas del juego sean claras, estables, aplicadas de igual manera y aceptadas por todos los competidores. No puede haber democracia electoral si las normas cambian cerca de las votaciones, si los contendores políticos quieren apartarse de las normas electorales, si el financiamiento de las campañas es opaco, si los recursos del Estado se usan en favor de quien ya está en el poder, o si la institucionalidad electoral actúa bajo presión política. Se debe garantizar la observación nacional, internacional e independiente, que debe tener acceso a todos los momentos del proceso. Aunque reconocemos la necesidad de reformas sustanciales en instituciones como el Consejo Nacional Electoral, para garantizar su independencia y que no sigan en manos de los partidos.
10. Protección del pluralismo político y derecho a la protesta. La democracia necesita de múltiples voces para funcionar, dentro de estas las de los opositores a los gobiernos. Los que disienten, critican y proponen alternativas tienen que poder hacerlo con garantías y sin miedo a ser perseguidos desde el gobierno. El derecho a la protesta pacífica es parte de esa misma garantía. Una verdadera democracia no es la que acalla a quienes perdieron sino la que les garantiza que pueden seguir hablando.