¿Cómo combatir la “biopiratería”? Una mirada desde los pueblos indígenas y las comunidades locales

El código genético de los seres vivos, como una planta o un microorganismo, puede transformarse en datos digitales. A esto se le llama Información Digital de Secuencias (DSI, por sus siglas en inglés), que suele ser usada por empresas, laboratorios y gobiernos para investigar, cuidar especies, desarrollar medicinas, mejorar cultivos o enfrentar crisis ambientales. La DSI, por ejemplo, fue clave para producir vacunas durante la pandemia del COVID-19 y diseñar semillas más resistentes al cambio climático.

Pero la mayoría de las veces, esa información se extrae de territorios indígenas, afrodescendientes y campesinos, sin que se les pida permiso, sin que participen y sin que reciban beneficios. Eso es problemático porque es apropiarse de los recursos genéticos sin proporcionar una compensación suficiente a quienes conservaron y moldearon estos genomas únicos durante siglos y fueron sus guardianes. Esta práctica, heredada del colonialismo, es conocida como “biopiratería” y viola los derechos colectivos.

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Por ejemplo, los curanderos tradicionales de la aldea de San Cipriano, en el Valle del Cauca en Colombia, mencionaron que tenían que esconder sus plantas medicinales en la selva para evitar que los “ecoturistas” se las robaran. De igual forma, varios entrevistados de la comunidad indígena Misak en Cauca explicaron cómo el uso de la DSI de sus territorios para alterar genéticamente otras plantas, en particular cuando se utiliza para producir “semillas terminator” que pierden su capacidad de reproducirse, es espiritualmente ofensivo.

Este es el tema central del informe “A Human Rights Approach to Benefit-Sharing from the Use of Digital Sequence Information”, elaborado por la investigadora Alex Reep para Dejusticia. El documento propone un enfoque basado en derechos humanos para regular el uso de la DSI y garantizar una distribución justa de los beneficios. Plantea que compartir beneficios entre los países o comunidades de origen debe ser una obligación legal y una oportunidad para reconocer la contribución de las comunidades y promover su participación en la ciencia. Ese compartir puede ser monetario, como las regalías de los productos farmacéuticos fabricados con DSI, o no monetarios, como el intercambio de información y la transferencia de tecnología.

El Protocolo de Nagoya obliga a los usuarios de recursos genéticos físicos a compartir los beneficios con las comunidades de donde proceden dichos recursos. Además, los gobiernos acordaron en la COP15 de 2022 establecer un mecanismo multilateral, que incluye un fondo mundial, para garantizar que esos beneficios se distribuyan de manera equitativa. Así mismo, en la COP16 de 2024, los gobiernos animaron a las empresas que cumplan los requisitos y utilicen la DSI con fines comerciales a contribuir al fondo con el 1 % de sus beneficios o el 0,1 % de sus ingresos. 

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Pero quedan varias dudas: ¿Cómo funcionará en la práctica el mecanismo multilateral y cómo se distribuirán los fondos de forma transparente entre quienes administran los recursos genéticos? ¿Qué tipo de beneficios (monetarios o no monetarios) se compartirán para los diferentes tipos de uso de la DSI y cómo se compartirán?

El reporte de Dejusticia recopila diferentes propuestas de líderes comunitarios en Colombia, que incluyen establecer protocolos para negociar el uso de la DSI en sus propios términos, garantizar el consentimiento informado y asegurar que las comunidades participen en las decisiones sobre los datos que provienen de su biodiversidad y su rol de guardianes.

También proponemos que el uso de la DSI esté regulado con un enfoque de derechos humanos, que reconozca a los pueblos indígenas y comunidades locales como cocreadores de conocimiento y actores clave en la gobernanza de la biodiversidad. La conservación de la biodiversidad debe respetar los derechos de quienes habitan y protegen los territorios.

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