La defensa de los derechos humanos en el mundo requiere financiación

Vivimos en un momento en el que los grandes desafíos globales —la desigualdad, la crisis climática y las transformaciones tecnológicas, etc— exigen Estados con mayor capacidad para garantizar derechos y promover el bienestar de sus poblaciones. Sin embargo, responder a estos retos requiere de recursos públicos y mecanismos efectivos para movilizarlos de manera justa. Por esta razón, la política fiscal ha dejado de ser un asunto exclusivamente económico para convertirse en un tema central en las discusiones sobre derechos humanos y desarrollo sostenible.

Durante muchos años, los debates sobre impuestos, gasto público y cooperación tributaria internacional avanzaron por caminos separados de las discusiones sobre derechos humanos. Hoy esa separación resulta cada vez más difícil de sostener. Las decisiones sobre quién paga impuestos, cómo se distribuyen las cargas tributarias y cómo se financian las políticas públicas tienen consecuencias directas sobre la capacidad de los Estados para garantizar derechos como la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social o un ambiente sano.

En distintos escenarios internacionales está emergiendo una nueva comprensión de esta relación. Organismos de derechos humanos, instituciones multilaterales, académicos y organizaciones de la sociedad civil han comenzado a reconocer que la justicia fiscal y la garantía de derechos forman parte de una misma conversación. 

Con esta edición busco aportar a ese debate, muestro cómo las discusiones fiscales que hoy se desarrollan en escenarios internacionales pueden tener efectos concretos sobre los Estados. A continuación, presento dos artículos que abordan esta relación desde perspectivas complementarias. 

En el primero, que llamo “De los impuestos a los derechos”, destaco la reciente Resolución 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre políticas fiscales y derechos humanos, un hito para la región por ser un instrumento internacional que aborda de manera integral la relación entre fiscalidad y derechos humanos. Y resalto el papel que organizaciones de la sociedad civil, como Dejusticia, han desempeñado durante años en la contribución al desarrollo de esta agenda.

Con el segundo artículo, señalo uno de los procesos de negociación internacional más importantes de los últimos años: la construcción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. En particular, me centro en las discusiones sobre la tributación de los servicios transfronterizos. A través del artículo “¿Quién debe cobrar impuestos cuando los servicios cruzan fronteras?”, resalto cómo deberían cambiar las reglas para definir quién tiene derecho a gravar los ingresos derivados de estos servicios y cómo pueden influir en la capacidad de los países, especialmente los del Sur Global, para movilizar recursos.

Estos artículos nacen de una reflexión que ha venido madurando durante años en organizaciones como Dejusticia, con académicos como Rodrigo Uprimny: los derechos humanos no solo se juegan en los tribunales, sino también en las decisiones fiscales. Aunque con frecuencia se presentan como debates separados, la forma en que los Estados recaudan y distribuyen los recursos públicos determina, en buena medida, las posibilidades reales de reducir desigualdades y garantizar una vida digna para todas las personas.