La justicia en jaque, pero aún no en mate

La justicia vive hoy una paradoja: es, al mismo tiempo, el último dique contra la arbitrariedad y el poder sin freno, y uno de los blancos predilectos de quienes buscan gobernar sin contrapesos. Esta tensión no es exclusiva de ningún país en particular. Se repite en democracias que se erosionan lentamente, en regímenes que consolidan su autoritarismo, y también en los tribunales internacionales que custodian el orden jurídico global y protegen los derechos humanos.

Los ataques a la justicia nacional e internacional, que no son simplemente críticas legítimas a su desempeño o discusiones válidas sobre su rol que ocurren en el marco democrático, no son episodios aislados. Son acciones parte de un patrón que buscan afectar su independencia, reducir sus capacidades y eliminarla como un límite al poder político. Este tipo de acciones han emergido progresivamente y han causado la pérdida de equilibrios institucionales. Esto impacta la posibilidad de que personas y comunidades acudan a canales institucionales para reclamar sus derechos o resolver disputas de forma pacífica; también afecta las condiciones para que la justicia proteja los órdenes constitucional e internacional. Cuando la posibilidad de acceder a la justicia se cierra o como mecanismo se vuelve inoperante por presiones políticas externas, no solo falla un sistema, falla la promesa básica del Estado de Derecho y de un orden global basado en normas.

En esta oportunidad nos adentramos en algunos de esos ataques. Miramos lo que ocurre cuando gobiernos abiertamente autocráticos –y otros con rasgos autoritarios cada vez menos disimulados– arremeten contra sus propias instituciones judiciales. Y miramos también hacia afuera, a la justicia internacional que enfrenta sus propios asedios, muchos impulsados por gobiernos nacionales que no tienen interés en respetar el orden jurídico al que alguna vez se comprometieron.

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Pero también encontramos resistencia. En Ecuador y Brasil, jueces han sostenido el orden institucional frente a presiones que buscaban doblegarlos. En Venezuela, donde la justicia interna hace tiempo dejó de ser una opción real para las víctimas del régimen, la Corte Penal Internacional se ha convertido en algo más que un tribunal lejano, para muchas organizaciones de la sociedad civil es la única esperanza.

La justicia está contra las cuerdas. Los golpes se acumulan y cada uno la deja más expuesta. Aun así, estamos convencidas de que los jueces en todas sus instancias, con todas sus limitaciones, siguen siendo indispensables. No porque sean infalibles, sino porque sin ellos se reducen las posibilidades de frenar la concentración de poder y poner nombre a la arbitrariedad.

Pero la responsabilidad no es solo de ellos. Si los jueces tienen el deber de proteger el orden institucional y los derechos, los ciudadanos tenemos el deber de cuidar a los jueces, de rechazar cualquier intento por minar su independencia, de resistir el cierre de los espacios donde se elevan los reclamos de justicia, y de entender que cuando un tribunal cae, no cae solo.