La justicia internacional tan frágil como necesaria

En distintas partes del mundo hay personas que conservan durante años expedientes y testimonios, aferradas a la esperanza de que algún día haya justicia. Cuando los tribunales de sus propios países no ofrecen respuestas, muchas víctimas dirigen sus esfuerzos hacia la justicia internacional como última instancia.

Ante un poder judicial señalado de participar en violaciones de derechos humanos o de carecer de independencia —como se ha alegado en el caso venezolano—; o ante la imposibilidad de llevar a líderes políticos y militares poderosos ante jurisdicciones locales débiles o inexistentes, como se argumenta en el contexto palestino, la justicia internacional emerge como una promesa de recibir alguna respuesta frente a las atrocidades sufridas. Sin embargo, esas expectativas hoy se enfrentan a un sistema de justicia internacional crecientemente cuestionado y sometido a presiones que ponen en entredicho su eficacia.

Tensiones y fragilidades de la justicia internacional

Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo apostó por la cooperación y por reglas comunes que protegieran los derechos humanos y la seguridad. En ese marco surgieron tribunales internacionales y sistemas de protección de derechos humanos que buscaban funcionar como árbitros imparciales. Sin embargo, esta transformación del entorno internacional no solo ha tensionado su funcionamiento, sino que ha revelado vulnerabilidades estructurales profundas. Los problemas que hoy enfrenta la justicia internacional pueden agruparse en al menos tres categorías:

Erosión de la legitimidad. El orden jurídico internacional depende en gran medida de la voluntad política de los Estados para aceptar y cumplir las reglas que ellos mismos han creado. Cuando las decisiones de los tribunales resultan incómodas, algunos gobiernos cuestionan abiertamente su autoridad, reinterpretan sus obligaciones o incluso optan por retirarse de los sistemas internacionales. Un ejemplo claro es la decisión de Venezuela de retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 2012, lo que implicó abandonar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras recibir múltiples condenas por violaciones relacionadas con la represión política y las restricciones a la libertad de expresión.

La legitimidad también se ha visto cuestionada por la percepción de selectividad. Por ejemplo, el Estatuto de Roma le otorga facultades al Consejo de Seguridad para remitir situaciones a la Corte Penal Internacional (CPI), incluso cuando los hechos ocurren en Estados que no son parte, pero también para solicitar la suspensión de investigaciones o enjuiciamientos por períodos renovables. Este diseño refleja la prevalencia de los Estados con mayor poder político dentro del sistema internacional y subordina los órganos judiciales a decisiones políticas. Estas se han traducido, por ejemplo, en un mayor énfasis de las investigaciones en países del Sur Global.

En la práctica, se ha utilizado el veto para bloquear iniciativas de investigación en casos como Siria y Myanmar, mientras que se han impulsado remisiones en situaciones que involucran principalmente a países africanos. Estas dinámicas refuerzan la percepción de que la justicia internacional no opera en un terreno neutral, sino en un espacio atravesado por equilibrios y disputas de poder.

Problemas de diseño. Los tribunales no cuentan con mecanismos propios para hacer cumplir sus decisiones. A diferencia de los sistemas nacionales, no tienen capacidad coercitiva directa, el cumplimiento de sus sentencias depende de la cooperación de los Estados. Esta imposibilidad de ejecución forzosa debilita la credibilidad de las cortes y alimenta la percepción de que sus fallos son más aspiracionales que efectivos.

A ello se suman problemas operativos que afectan su eficacia y su cercanía con las víctimas. Ejemplos de eso son el centralismo geográfico (con decisiones concentradas en La Haya en el caso de la CPI y la Corte Internacional de Justicia); y el uso predominante del inglés y el francés como idiomas de trabajo generan una brecha entre el discurso de universalidad y la experiencia real de acceso a la justicia. 

Poca sostenibilidad presupuestal. Los tribunales internacionales dependen casi exclusivamente de las contribuciones de los Estados, lo que genera una inestabilidad estructural en su financiamiento. El crecimiento de sus mandatos y de su carga de trabajo no ha sido acompañado por un aumento proporcional de recursos. Por ejemplo, en el Sistema Interamericano, la Comisión y la Corte han operado con déficits persistentes y una fuerte dependencia de aportes voluntarios externos, lo que ha acentuado su fragilidad financiera. Además, esto afecta la posibilidad de contar con equipos de trabajo robustos que mejoren la experiencia de los usuarios de la justicia, por ejemplo, para remover barreras como el idioma o para lograr decisiones más expeditas.

Esta dependencia abre la puerta a la politización del presupuesto. Las contribuciones voluntarias pueden orientar recursos hacia ciertas investigaciones de interés para determinados Estados, mientras que el retraso o incumplimiento en el pago de cuotas obligatorias puede funcionar como mecanismo de presión. Por ejemplo, en la CPI, el aumento significativo de aportes tras el inicio del conflicto en Ucrania contrastó con años previos de congelación presupuestaria.

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¿Por qué importa la justicia internacional?  

A pesar de las limitaciones y tensiones que hoy la atraviesan, la justicia internacional sigue siendo, en muchos contextos, la última esperanza. Es importante precisamente porque debería operar donde los sistemas nacionales fallan o se niegan a actuar. Cuando un Estado no investiga, no sanciona o incluso protege a los responsables, los tribunales internacionales son la última posibilidad para lograr justicia.

Aunque la crisis del multilateralismo ha puesto en evidencia la fragilidad y las limitaciones de los tribunales internacionales, la experiencia comparada muestra que, incluso en contextos de crisis complejas y multicausales, su existencia puede marcar una diferencia significativa. Un ejemplo fue la aplicación de la complementariedad positiva por parte de la CPI en el caso colombiano, es decir, el uso de su mandato para incentivar y acompañar a las autoridades nacionales para que investiguen y juzguen los crímenes de lesa humanidad. En este contexto la CPI impulsó la creación de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

En un mundo atravesado por guerras y por el ejercicio arbitrario del poder, la justicia internacional importa porque establece un límite jurídico frente a la impunidad. No obstante, reconocer su relevancia no implica desconocer sus fallas. La justicia internacional enfrenta problemas reales —demoras, selectividad, tensiones políticas y, limitaciones institucionales y presupuestales— que deben ser tomados en serio. Sin embargo, la respuesta a esas deficiencias no puede ser su abandono progresivo, sino la apertura de debates y ajustes que permitan adaptar estos mecanismos al nuevo escenario global.