Las conclusiones que quedaron tras las visitas de la CIDH y la ONU a Colombia

La vulnerabilidad de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, la corrupción, la urgencia de una mayor presencia estatal y la importancia de la participación y la transparencia fueron algunas de las preocupaciones en las que coincidieron los informes finales presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de su visita in loco a Colombia en abril de 2024, y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, que visitó el país en agosto de ese año. 

Desde Dejusticia intervinimos en las conversaciones territoriales que tuvo la CIDH en Bogotá y en La Guajira y presentamos un documento con algunas aportaciones. 

Con el Grupo de Trabajo de la ONU sostuvimos un espacio de diálogo con actores de la sociedad civil y entregamos un documento en el que enfatizamos la importancia de seis temas para la agenda de trabajo, entre ellos el cambio climático, incluyendo el mercado de bonos de carbono, la transición energética y la deforestación por ganadería; actores económicos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la regulación del mercado de armas menos letales y la interferencia empresarial en políticas de salud pública, entre otros.

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Ambos informes retoman algunas de las preocupaciones que desde Dejusticia manifestamos previamente durante las visitas y en nuestras aportaciones por escrito. 

Lo que la CIDH y el Grupo de Trabajo reiteraron de nuestros aportes

Impacto de proyectos energéticos en La Guajira y la consulta previa: La CIDH señaló las denuncias que indican que proyectos de energías limpias en La Guajira estarían replicando actividades extractivas, en las cuales no se respetó el consentimiento libre, previo e informado en el marco de las consultas, lo que derivó en el desplazamiento de diversas comunidades en la zona. 

Esta afirmación refleja directamente nuestras preocupaciones sobre la inadecuada consulta previa y los impactos negativos de los proyectos en las comunidades Wayúu.

Inseguridad alimentaria y desnutrición en La Guajira: La CIDH destacó que, en departamentos como La Guajira (59,7%) se presentan las mayores prevalencias de inseguridad alimentaria moderada o grave. Esto corrobora la grave situación humanitaria y la crisis de desnutrición infantil que detallamos para la región. Desde Dejusticia constatamos problemas de disponibilidad y accesibilidad de alimentos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes Wayúu, y deficiencia en la garantía del derecho al agua potable.

Disparidades en el acceso a la salud y educación en zonas rurales: La CIDH mencionó que persiste la deuda histórica de garantizar una educación y salud de calidad a toda la población, especialmente en las áreas rurales y dispersas, donde viven pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. 

Desde Dejusticia enfatizamos la falta de sostenibilidad financiera e incentivos para la prevención en salud, las disparidades en el acceso y la carencia de especialistas y condiciones deficientes para profesionales de la salud.

Necesidad de un marco normativo para la protección de derechos humanos frente a actividades empresariales: La CIDH coincidió con Dejusticia en la importancia de aplicar de forma efectiva y adecuada un marco normativo para la protección de los derechos humanos de las comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas frente a actividades extractivas, de explotación o desarrollo y asegurar el acceso a la información y la participación efectiva de las comunidades. 

Fortalecimiento de la cooperación regional e internacional para una gobernanza migratoria efectiva: La CIDH recomendó promover la articulación entre todos los Estados para adoptar un esquema de cooperación regional con un alcance integral que permita avanzar hacia una gobernanza migratoria en la que se tomen en cuenta las realidades demográficas, sociales y económicas de cada país, lo cual se alinea con el llamado de Dejusticia y las organizaciones que presentan el informe al recomendar fortalecer la cooperación regional e internacional con países vecinos y agencias humanitarias para abordar de manera integral la situación migratoria en el Darién y en la región de América Latina en general.

Por su parte, el Grupo de Trabajo de la ONU reiteró la importancia de atender los impactos de proyectos de transición energética en La Guajira y observó que las comunidades wayuú han experimentado procesos de consulta inadecuados, violaciones de la integridad territorial y alteraciones en sus prácticas culturales y sistemas de gobernanza debido al desarrollo de parques eólicos. 

Esto coincide directamente con la denuncia que hicimos sobre la falta de un proceso diligente en la consulta previa y la certificación de autoridades no representativas. 

El Grupo de Trabajo, además, recibió denuncias sobre impactos negativos de los proyectos REDD+ en el marco del mercado de bonos de carbono en comunidades locales y pueblos indígenas del Amazonas debido a la falta de consulta significativa, acceso a la información y afectaciones a la gobernanza indígena, prácticas culturales, integridad territorial y autodeterminación.

Esto es un eco de nuestra preocupación sobre el caso del Territorio Indígena del Pirá Paraná y la implementación de proyectos REDD+ sin el consentimiento de las comunidades. 

En el informe también aluden a la responsabilidad de actores económicos y la JEP, con una serie de recomendaciones que están en línea directa con el análisis de Dejusticia sobre la competencia limitada de la JEP para actores económicos y la importancia de la participación de víctimas y la reparación.

Sobre el uso de armas menos letales y falta de regulación, el Grupo de Trabajo expresó preocupación por su uso desproporcionado y reiteró nuestras denuncias sobre la falta de regulación detallada y la falta de transparencia en Colombia. 

También destacaron las denuncias que recibió el Grupo sobre el uso de tecnologías de vigilancia digital y su falta de regulación, lo que coincide con la preocupación de Dejusticia sobre los modelos de negocios basados en datos personales y la necesidad de fortalecer la legislación de protección de datos. 

¿En qué coinciden ambos informes?

• En la vulnerabilidad de pueblos indígenas, comunidades campesinas y comunidades afrodescendientes, desproporcionadamente afectados por la desigualdad, la pobreza, la falta de presencia estatal y el conflicto armado.

• En la corrupción como problema transversal y en la imperativa necesidad de fortalecer la presencia integral del Estado en los territorios. 

• En la importancia de la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. Desde Dejusticia promovemos estos principios activamente para la reforma de salud y la transición energética. 

• Ambos documentos subrayan, especialmente, la necesidad de enfoques diferenciales (étnico-raciales, territoriales, de género, generacionales, de discapacidad) para abordar las particularidades de las víctimas y comunidades.

• En el impacto de la crisis humanitaria: Ambas organizaciones resaltan la necesidad de garantizar de forma plena los derechos humanos como condición indispensable para una vida digna y para superar la violencia.

• En los desafíos del conflicto armado y la persistente presencia de grupos armados no estatales. 

• Ambos informes expresan profunda preocupación por la persecución, estigmatización y violencia contra defensores de derechos humanos y ambientales, así como líderes sociales y sindicales. 

• Ambos informes coinciden en la falta de acceso a mecanismos efectivos de reparación y cumplimiento de fallos judiciales. Dejusticia también aludió a la importancia de la reparación por parte de actores económicos en la JEP.

• Ambos subrayan la importancia de que las empresas implementen procesos de diligencia debida en derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos adversos, especialmente en contextos de conflicto armado.

• En la importancia de fortalecer la coherencia política y la articulación interinstitucional. 

Nuestras recomendaciones

1. Instamos a promover la transparencia y rendición de cuentas, especialmente en industrias extractivas y proyectos de gran escala que impactan derechos humanos y ambientales. 
2. Insistimos en la necesidad de promover y fortalecer los marcos de debida diligencia obligatoria y responsabilidad de las empresas para asegurar que identifiquen, prevengan, mitiguen y reparen adecuadamente los impactos adversos sobre los derechos humanos, especialmente en sectores críticos como el energético y la minería. 
3. Es crucial fomentar la participación activa de la sociedad civil y una veeduría independiente en la supervisión de políticas y programas de salud.
4. En el ámbito de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), hacemos un llamado a garantizar la participación efectiva de las víctimas y la comunidad en los procesos que involucran a actores económicos.
5. Solicitamos la adopción de regulaciones claras y efectivas para la implementación de proyectos REDD+ que garanticen el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, respetando su autonomía y estructuras de gobierno tradicionales. 
6. Insistimos en el desarrollo de regulaciones nacionales e internacionales que supervisen y controlen la producción, adquisición y uso de armas menos letales, para prevenir abusos y garantizar la seguridad y los derechos de los manifestantes y la población en general
7. Instamos a la creación de un marco regulatorio robusto que limite la influencia de las empresas en la formulación de políticas de salud pública, especialmente las de productos nocivos.
8. Se recomienda que el Estado colombiano reforme y fortalezca la regulación de las Zonas Francas para garantizar una distribución equitativa de las responsabilidades fiscales y promover la transparencia y la responsabilidad empresarial. 
9. Es necesario desarrollar y fortalecer la legislación sobre protección de datos personales, con énfasis en regular a las empresas que operan con modelos basados en datos, para garantizar la transparencia en la recopilación y uso de los mismos.
10. Se recomienda fortalecer la cooperación regional e internacional con países vecinos y agencias humanitarias para abordar de manera integral la situación migratoria en el Darién y en la región en general. 

Desde Dejusticia celebramos las coincidencias entre la CIDH, el Grupo de Trabajo de la ONU y nuestras recomendaciones, pues refuerzan la urgencia de contar con marcos normativos sólidos, mecanismos de participación efectiva y garantías de reparación que protejan a las comunidades más afectadas.

Descargue aquí el informe de la CIDH

Descargue aquí el informe del Grupo de Trabajo de la ONU

Conozca aquí nuestras aportaciones escritas a ambos organismos (CIDH  y GT de la ONU)