El reclamo que 25 niños, niñas y jóvenes llevaron a la justicia colombiana en 2018 era sencillo de entender y difícil de responder: la pérdida de la selva afectaba el mundo en el que ellos iban a vivir. Que el Estado no lograra frenar la deforestación era un problema ambiental del presente, pero también una decisión sobre su salud, su alimentación, su agua y, sobre todo, su vida futura y la de quienes vengan después.

El 5 de abril de 2018 la Corte Suprema de Justicia les dio la razón y fue más lejos de lo que se esperaba: declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos y le ordenó al Gobierno cinco medidas, entre ellas construir un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano, concertar un plan de acción con los propios jóvenes y actualizar los planes de ordenamiento de los municipios amazónicos.

Ocho años después, la misma discusión está sobre el escritorio del Tribunal Constitucional del Perú. Allí también fueron niños, niñas y adolescentes quienes le exigieron al Estado medidas para frenar la deforestación de la Amazonía peruana. Ya recorrimos ese camino y conocemos sus tropiezos. Por eso, junto a la Fundación para el debido proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), que trabaja por los derechos humanos en América Latina, y el Instituto Panamazónico, que impulsa la cooperación entre países amazónicos, presentamos un amicus curiae con el que le aportamos al Tribunal peruano nuestra experiencia en la defensa de la Amazonía.

Lo que reclamaron los jóvenes colombianos

No le pidieron a la Corte nada que el Estado no hubiera prometido ya. Al firmar el Acuerdo de París, Colombia se comprometió a frenar la deforestación, y la meta estaba escrita en la ley: deforestación amazónica en cero para 2020.

Las cifras de entonces explican la urgencia. Solo en 2016 el país perdió 178.597 hectáreas de bosque, un 44 % más que el año anterior. De esas, 70.074 estaban en la Amazonía.

Con ese panorama, la Corte concluyó que la deforestación se estaba acelerando, que lo que el Gobierno hacía no alcanzaba y que estaban en riesgo el agua, el aire, la salud y la posibilidad de vivir dignamente de los animales y las personas que habitan la selva.

¿Qué quiere decir que la Amazonía tenga derechos?

La decisión de la Corte significó un cambio en la manera de ver y proteger a la Amazonía. Después de 2018, el derecho colombiano dejó de verla como un territorio del que se extraen recursos y empezó a considerarla como portadora de derechos. Esto implica que, como la selva no puede hablar por sí misma, el Estado tiene la obligación de protegerla, conservarla y restaurarla. 

La sentencia no se quedó en la declaración. Más de noventa entidades del Estado terminaron involucradas en cumplir sus órdenes, se reorganizó la forma en que el país enfrenta la deforestación y se creó un consejo nacional dedicado a combatirla, con una rapidez que las políticas ambientales corrientes no habían logrado.

El fallo trajo, además, un cambio más difícil de medir. La Corte se acercó a algo que los pueblos amazónicos vienen diciendo hace siglos: que los ríos, los cerros, las plantas y los animales no son recursos, sino seres con los que se mantiene una relación de cuidado mutuo. Su experiencia desmiente la idea de que conservar sea aislar la selva de la gente: es el trabajo constante con el territorio —la chagra, los ciclos de la selva, los rituales de curación— lo que ha sostenido su biodiversidad.

Pero ocho años después los avances siguen siendo desiguales: ni el Plan de Acción ni el Pacto Intergeneracional han sido plenamente formulados, y aunque doce autoridades territoriales han avanzado en la adaptación de sus planes de ordenamiento, persisten vacíos en verificar que se ajusten a lo ordenado. Los ríos se sedimentan y la frontera agrícola continúa avanzando. Evaluar una sentencia de este alcance no admite un balance de todo o nada.

Lo que aún no se ha logrado resolver

La implementación ha enfrentado tres obstáculos. El primero es que no ha logrado reconocer la diversidad de quienes habitan la Amazonía: todavía hoy hay pueblos indígenas y comunidades campesinas que no se tienen en cuenta a la hora de formular las medidas para reducir la deforestación. Las autoridades de la cuenca media del río Caquetá, agrupadas en el CRIMA, lo señalaron durante el seguimiento judicial: donde la deforestación siguió avanzando, el problema no fue la falta de un marco jurídico protector, sino que las medidas del Estado no incorporaron sus formas propias de ordenar el territorio. Y ocurre pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva sobre emergencia climática, reconoció el aporte de los pueblos indígenas frente a la crisis y la necesidad de un diálogo entre sistemas de conocimiento.

El segundo es que algunas acciones tuvieron impactos nocivos sobre esos mismos pueblos. Después de la sentencia, el Estado colombiano desplegó la Operación Artemisa, una estrategia de militarización de amplias zonas de la Amazonía que el fallo nunca ordenó ni respaldó. Pero el modo en que el Gobierno y las fuerzas armadas la presentaron hizo que muchas comunidades la asociaran a la decisión judicial, y eso minó su confianza. Un fallo pensado para proteger la selva terminó percibido por quienes la habitan como una amenaza.

El tercero viene del diseño mismo de la sentencia. El fallo se apoyó en categorías de organización territorial del Estado, como los municipios y las corporaciones ambientales regionales, y desconoció los sistemas de gobierno propios y la autoridad que ejercen. En una región donde conviven más de 52 pueblos indígenas con gobierno propio, que en muchas zonas ya ejercen autoridad efectiva sobre el territorio, eso se tradujo en medidas impuestas y no concertadas.

El caso que hoy estudia Perú

En 2019, un grupo de niños, niñas y adolescentes entre los 8 y los 14 años presentó una demanda de amparo contra el Estado peruano por no frenar la deforestación en cuatro regiones amazónicas: Loreto, Ucayali, Amazonas y San Martín. Alegaron la vulneración de sus derechos a un ambiente sano, a la dignidad, a la vida, a la salud, al agua y a un proyecto de vida propio. El amparo es el mecanismo peruano para proteger derechos fundamentales de forma urgente, equivalente a la tutela colombiana. Los acompañaron dos organizaciones peruanas: el Instituto de Defensa Legal y el Instituto de Estudios Forestales y Ambientales (Kené).

Los primeros jueces ni siquiera entraron a estudiar el fondo y rechazaron el amparo por razones de trámite. Solo en mayo de 2022, tras una solicitud de revisión, fue admitido. Hoy está en manos del Tribunal Constitucional.

¿Qué le recomendamos al Tribunal peruano?

El reconocimiento es un paso importante, pero no suficiente. Necesita ir acompañado de una cogobernanza real, en la que los planes de vida y los sistemas de gobierno de los pueblos indígenas y de las demás comunidades que habitan la Amazonía sean marcos vinculantes para decidir sobre el territorio y no simples insumos consultivos. Perú está a tiempo de incorporar eso desde el diseño mismo del fallo.

• Partir de que la Amazonía no es un territorio homogéneo, sino un mosaico de pueblos y sistemas propios de gobierno que exige respuestas flexibles.
• Reconocer a la Amazonía peruana como sujeto de derechos. Es el punto de partida: en Colombia, la sentencia que lo declaró movilizó al Estado como pocas decisiones ambientales.
•   Dar órdenes concretas y apoyadas en lo que ya existe. Las que exigían crear acuerdos y planes enteramente nuevos, como el Pacto Intergeneracional, enfrentaron más obstáculos; las que se apoyaron en capacidades que el país ya tenía llegaron más lejos.
•   Decir con todas las letras que el fallo no se puede usar en contra de la gente. Ni para militarizar el territorio ni para perseguir a quienes lo habitan.
• Asegurar que los pueblos amazónicos participen de verdad, con espacios permanentes, en sus lenguas y en formatos que no exijan tener un abogado.
• Crear espacios de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las autoridades indígenas, y sistemas de información que lleguen a quienes están lejos o sin conexión.
•   Definir desde el principio cómo se va a medir el cumplimiento, no solo si se aprobaron planes, sino si la deforestación bajó y si mejoró la garantía de los derechos de las comunidades.
•   Fijar plazos que se puedan cumplir, separando lo inmediato de lo que toma años, con metas intermedias que permitan verificar el avance.

Por qué importa esta decisión

La Amazonía peruana enfrenta varias amenazas al tiempo: deforestación, minería ilegal, contaminación de los ríos y economías ilícitas. El daño afecta la vida de quienes habitan la región y el derecho de las generaciones futuras a crecer en un ambiente sano.

El juez constitucional no reemplaza al Gobierno: fija unos mínimos, exige resultados y hace seguimiento, pero deja que la administración decida cómo lograrlos. En Colombia, desde hace más de veinte años los jueces de tutela han ordenado rediseñar políticas de salud, de atención al desplazamiento forzado y de cárceles cuando encontraron fallas que vulneraban derechos.

El precedente ya resonó fuera de Colombia, en iniciativas como el Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas, impulsado por la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que fortaleció la participación de los pueblos indígenas en toda la cuenca amazónica. 

Los derechos de la Amazonía y los derechos de los pueblos que la habitan no se pueden separar. La selva llegó hasta aquí gracias a las formas de vida que la han cuidado. Protegerla es, al mismo tiempo, proteger a la humanidad.

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