Estados Unidos ha impulsado acuerdos con países de la región para fortalecer los controles migratorios fuera de sus propias fronteras. | Dejusticia
Los costos invisibles de externalizar la política migratoria
Por: Dejusticia | Julio 9, 2026
En 2023, Estados Unidos presentó el Programa de Movilidad Segura como una nueva apuesta para reducir la migración irregular. La propuesta buscaba que las personas con necesidades de protección internacional pudieran iniciar su proceso desde países como Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, sin tener que atravesar rutas peligrosas ni llegar directamente a la frontera estadounidense.
En teoría, era una alternativa más segura, pero en la práctica, según la nueva investigación de Dejusticia Los costos invisibles de una política migratoria externalizada: impactos y desafíos del Programa de Movilidad Segura, el programa hizo parte de una estrategia más amplia mediante la cual Estados Unidos trasladó parte del control de su política migratoria hacia países de América Latina. Colombia pasó de ser un país de tránsito y acogida a convertirse también en un lugar donde se evaluaban, filtraban y seleccionaban las personas que podrían acceder a mecanismos de protección o de migración regular antes de llegar a territorio estadounidense.
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Este modelo, conocido como externalización de la política migratoria, no es nuevo. Desde hace varias décadas, Estados Unidos ha impulsado acuerdos con países de la región para fortalecer los controles migratorios fuera de sus propias fronteras. El Programa de Movilidad Segura representó una nueva etapa de esa estrategia, y en lugar de concentrar los procesos de protección en Estados Unidos, parte de las decisiones comenzaron a tomarse en terceros países.
El programa fue implementado con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). A través de las Oficinas de Movilidad Segura, las personas podían ser evaluadas para distintas opciones, entre ellas el reasentamiento como refugiadas en Estados Unidos, programas de reunificación familiar u otras vías legales disponibles según su nacionalidad y situación.
La investigación reconoce que el programa permitió que algunas personas encontraran una vía regular de protección. Sin embargo, también tiene limitaciones. Una de las principales es que miles de personas quedaron atrapadas en países de tránsito esperando respuestas que, en muchos casos, nunca llegaron. Mientras unas pocas lograban acceder a un mecanismo de protección, otras permanecían durante meses sin información sobre el estado de su proceso, sin posibilidades de regularizar su situación y sin alternativas para continuar su proyecto migratorio.
Por ejemplo, un migrante aseguró que, después de siete entrevistas, seguía sin saber qué iba a pasar con su caso. Otras personas esperaron meses una respuesta y terminaron cruzando el Darién porque ya no podían seguir viviendo en Colombia. Algunas más no sabían si los correos que recibían eran auténticos porque algunas citas se hacían en cafeterías o lugares informales. Y otros solicitantes fueron rechazados por interpretaciones arbitrarias sobre sus tatuajes, sin posibilidad de apelar la decisión.
A esto se suman las barreras de acceso, ya que los trámites digitales, la falta de conectividad, los requisitos administrativos y los criterios de elegibilidad (como haber llegado a Colombia antes de una fecha determinada, tener un estatus migratorio regular y pertenecer a una de las nacionalidades aceptadas por el programa) excluyeron a muchas personas, incluso a algunas con necesidades urgentes de protección internacional. El programa terminó beneficiando solo a una parte de la población que buscaba protección en vez de ser una forma de gestión migratoria sostenible.
Otro de los hallazgos más preocupantes tiene que ver con la falta de transparencia. Durante la investigación, las autoras encontraron que fue difícil acceder a información oficial sobre el funcionamiento del programa. No existen datos públicos suficientes sobre cuántas personas fueron admitidas, cuántas quedaron por fuera, cuáles fueron los criterios de selección o cuánto tiempo tardaban los procesos. Esa opacidad dificulta evaluar si la política cumplió sus objetivos.
La investigación se pregunta, entonces quién debe asumir la responsabilidad de proteger a las personas migrantes y refugiadas. Cuando las políticas migratorias trasladan esa responsabilidad a países de tránsito sin fortalecer sus capacidades ni garantizar soluciones duraderas, los costos recaen sobre quienes ya viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Colombia termina asumiendo nuevas responsabilidades institucionales y humanitarias, mientras miles de personas quedan atrapadas en largos procesos inciertos.
Por eso, la investigación propone avanzar hacia un modelo distinto de gobernanza migratoria. En lugar de privilegiar la contención y la selección de quién puede migrar, las autoras proponen fortalecer las vías de regularización, garantizar información transparente, proteger el derecho al refugio y el asilo territorial y distribuir las responsabilidades entre los Estados desde un enfoque de derechos humanos.
