Más allá de la COP30: la disputa por una transición justa frente al poder empresarial

La COP30 de Belém fue un campo de disputa. Estuvo atravesada por la presencia vehemente de movimientos sociales, pueblos Indígenas y organizaciones de derechos humanos del Sur Global, quienes llegaron a Brasil con una consigna clara: exigir que la acción climática esté sembrada en la justicia social y territorial. Pero las negociaciones también se desplegaron con una participación abrumadora de empresas y Estados reacios a asumir compromisos ambiciosos. Por eso, el escenario no debería leerse como una victoria social ni como una captura del proceso. La COP30 dejó, más bien, la imagen de una pelea audaz pero desigual por definir el sentido de la transición y la firmeza de las obligaciones climáticas.

Victorias parciales en un terreno desigual

Una de las lecciones más importantes de esta COP30 fue que las conquistas alcanzadas surgieron de la articulación con actores estratégicos y la presión de un movimiento social fuerte. La masiva confluencia de activistas y defensores del territorio, de organizaciones climáticas y de derechos humanos, y especialmente de los pueblos del Sur Global, amplificó el clamor más nítido por la protección del territorio, los conocimientos ancestrales y la seguridad de quienes defienden la vida en contextos de amenaza. Y algo de ese espíritu, evocado por las delegaciones aliadas, logró colarse entre los textos del paquete político aprobado en Belém. 

Sin embargo, esa misma presencia en el espacio evidenció una fractura ineludible. Delegaciones y liderazgos Indígenas denunciaron barreras de acceso y escasa influencia efectiva en los espacios de la zona azul, donde se negocian los textos, mientras su agenda debía desplegarse hacia los márgenes, en articulación con la sociedad civil y en espacios públicos de movilización, lejos del poder político. De modo que hubo presión, pero también hubo muros.

En medio de esa tensión, la aprobación del Mecanismo de acción en Transición Justa de Belém (BAM, por sus siglas en inglés) se revela como una ganancia importante. El BAM se lee como un mecanismo para coordinar esfuerzos hacia una transición justa, fortaleciendo la cooperación internacional, la asistencia técnica, las capacidades y los aprendizajes entre países. En lo político, su apuesta no es menor, pues contribuye a consolidar la idea de transición como un proceso de garantía de derechos, justicia y protección de los medios de vida, con la centralidad puesta en los trabajadores, las comunidades y los pueblos. 

Pero también vale precisar: el BAM abre una puerta, mas no asegura el cambio. Nada garantiza que el régimen climático evolucione, por ejemplo, hacia obligaciones empresariales exigibles. Esa distancia entre el lenguaje de justicia y la estructura real de incentivos es precisamente el núcleo del problema.

Un elefante en la sala: la interferencia de la industria fósil

De allí la sensación ambivalente: breves avances que convivieron con omisiones profundas. Posiblemente la muestra más clara sea que, pese a la carga simbólica del lenguaje de derechos, los documentos emanados omitieron denunciar el costo climático y social de los combustibles fósiles y la necesidad de abandonarlos. Así, mientras algunos textos permiten mostrar avances, otros silencios evidencian el desequilibrio político, la ausencia de reglas claras. 

Según el análisis de la coalición de la sociedad civil Kick Big Polluters Out (KBPO), en Belém se acreditaron más de 1.600 lobistas asociados a la industria de combustibles fósiles, lo que equivale a uno de cada 25 participantes. De manera que el mutismo puede leerse a la luz de un hecho políticamente sugestivo: la presencia significativa de actores vinculados a la industria contaminante. Esa sobrerrepresentación insinúa razones para que el texto final eludiera referencias sólidas a la eliminación progresiva de los no renovables, mantuviera un enfoque centrado en soluciones voluntarias y evitara compromisos contundentes con un financiamiento público, suficiente y libre de deuda.

En ese escenario, mecanismos como el BAM pueden ser conquistas arrancadas por la presión social y alianzas amplias, pero el balance final muestra que los grandes contaminadores siguen influyendo con amplios márgenes, preservando un régimen climático que dirige la voluntariedad, la autorregulación y el marketing verde de la sostenibilidad. Y esa tensión entre avances parciales y bloqueos no se juega solo en la COP: también se disputa en el derecho y en la regulación de la responsabilidad corporativa.

Los tribunales avanzan y Europa retrocede

Este pulso por los límites al poder empresarial se entiende mejor en el contexto del derecho internacional: mientras los tribunales elevan estándares de obligaciones climáticas y de derechos humanos, Europa está en repliegue regulatorio en materia de responsabilidad de las empresas.

Al avance político en Belém se suman, por ejemplo, la Opinión Consultiva 32-25 de la Corte Interamericana, que ratificó que la crisis climática amenaza los derechos humanos, y fortaleció las obligaciones estatales de regular, supervisar y fiscalizar las actividades económicas que contribuyen al agravamiento de la crisis. También, a escala global, las Opiniones de la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal del Derecho de Mar, y la Observación General 27 del Comité DESC, resuenan en el entendimiento de obligaciones reforzadas del Estado frente al cambio climático. En conjunto, estos pronunciamientos respaldan que la acción climática es un terreno de obligaciones exigibles. Y aunque están dirigidos a los Estados, sus efectos se proyectan en las empresas, pues buscan evitar que los grandes contaminadores sigan operando sin límites ni consecuencias.

Hasta hace poco, la Unión Europea también capitaneaba un impulso global por normativas vinculantes sobre responsabilidad empresarial. Con las directivas sobre información corporativa en sostenibilidad (CSRD) y diligencia debida (CSDDD), y la Taxonomía, la UE fortalecía los requisitos de reporte, gestión de impactos y transparencia empresarial. Empero, una investigación de SOMO evidenció que la denominada Competitiveness Roundtable –once multinacionales, entre ellas las petroleras ExxonMobil, Chevron y TotalEnergies- habrían buscado diluir significativamente estas normas, usando la premisa de un posible colapso de la competitividad. El resultado: el 24 de febrero de 2026, el Consejo de la UE anunció la aprobación del paquete Ómnibus I como un esquema de “simplificación” de estas tres normas, excluyendo disposiciones sobre planes de transición climática, sostenibilidad y cumplimiento de objetivos climáticos. 

De esa forma, mientras el derecho internacional eleva el estándar de deberes estatales ante la emergencia climática, el poder empresarial, en nombre de la “competitividad”, disuelve las herramientas regulatorias. Pero ese repliegue del Norte también resalta el impulso político desde el Sur.

La conferencia de Santa Marta para salir de la economía fósil

Ante esta ambivalencia, entre los avances internacionales y los retrocesos del Norte, el impulso proviene del Sur. La COP30 de Belém mostró que la demanda más clara de un abandono real de los combustibles fósiles proviene, con fuerza, del Sur Global. 

Estos territorios han sido, a lo largo de la historia, lugares de extracción, anclados en la militarización, el desplazamiento, la contaminación y la destrucción del tejido social. Tal legado, retado por la resistencia de un movimiento social de escala regional y global, ha propiciado un desplazamiento del centro de gravedad del debate. Colombia, por ejemplo, presentó en COP30 la “Declaración de Belém” para salir de los combustibles fósiles y, junto con Países Bajos, convocó a la Primera Conferencia Internacional para una Transición Justa lejos de los Combustibles Fósiles, a realizarse el 28 y 29 de abril de 2026 en Santa Marta, Colombia. 

Este evento puede leerse como un hito del Sur Global, que intenta orientar la discusión hacia hojas de ruta, alianzas y cooperación política para la justicia, los derechos humanos y la descarbonización. Pero también busca decir algo importante: frente a la ambigüedad del multilateralismo climático y a la capacidad de los grandes contaminadores para bloquear el derecho, se abren procesos paralelos en los que gobiernos y sociedad civil persiguen una agenda más exigente. 

El impulso del cambio viene del Sur

Belém deja una lección incómoda pero fértil: la transición justa avanza cuando viene desde abajo, empujada por quienes están en la primera línea del daño, pero tropieza con bloqueos persistentes cuando las reglas siguen descansando en la voluntariedad, el mercado y los conflictos de interés. Avanzar hacia una transición justa exige ir más allá del mero reconocimiento de principios y del uso retórico del lenguaje de los derechos: implica transformarlos en reglas claras y vinculantes que limiten el poder de los grandes contaminadores, en particular de aquellos cuya contribución histórica y actual a la crisis climática ha sido más significativa. 

En ese camino, articular la presión social que se expresó en la COP30, las obligaciones y estándares del derecho internacional y apuestas políticas como la Conferencia de Santa Marta permite sostener tres ideas-fuerza. La primera es que, en un contexto de flexibilización regulatoria en Europa y de un poder corporativo abrumador, el debate sobre la responsabilidad corporativa debe descentrarse. La segunda es que la acción climática y la rendición de cuentas empresarial no son concesiones negociables: son obligaciones legales urgentes. Y la última es que esa urgencia de llamar a las cosas por su nombre, de conectar clima, justicia y rendición de cuentas, está siendo nombrada y empujada cada vez más desde abajo y desde el Sur.