Elecciones 2026: qué creer y qué no sobre fraude electoral

Al hablar de fraude electoral nos referimos a múltiples posibilidades: desde reformas a las instituciones encargadas del escrutinio, hasta vulneración de los sistemas de conteo o alteración de los votos. Cuando esas conductas que buscan moldear resultados de una elección se vuelven parte del discurso de un candidato o movimiento, o incluso del relato de los votantes, vemos cómo se construye una narrativa del fraude. 

Estas narrativas, que pueden ser reales, fabricadas o engañosas, han atravesado elecciones en distintas regiones del mundo y desbordan ideologías, países y corrientes políticas.

En muchos casos, funciona como una herramienta para sembrar desconfianza anticipada sobre los resultados y deslegitimar a los adversarios.

En Brasil, Jair Bolsonaro cuestionó durante años el sistema de voto electrónico —vigente desde hace casi tres décadas y con el que él mismo llegó a la presidencia— sin presentar pruebas concluyentes de fraude. Sus ataques alimentaron un clima de sospecha que, tras su derrota en 2022, derivó en denuncias de manipulación electoral y en intentos de desconocer el resultado. En Estados Unidos, Donald Trump también ha insistido, sin evidencia comprobada, en que existen irregularidades sistemáticas en estados demócratas y llegó a afirmar que, si su victoria de 2024 no hubiera sido “tan amplia”, podrían haberle robado la elección. 

Pero las denuncias de fraude no siempre son infundadas ni responden a estrategias de polarización política. Cuando se respaldan con evidencia, tienen un fuerte potencial para garantizar la transparencia electoral.

En 2024, en Venezuela, Nicolás Maduro se proclamó ganador de las presidenciales, pese a que la oposición de ese país logró recuperar el 80% de las actas electorales y probar que Edmundo González, su candidato, había obtenido la mayoría de votos. Esta denuncia, sobre la que el Gobierno venezolano aún no responde con la publicación de las actas, generó serios cuestionamientos por parte de la comunidad internacional y le costó legitimidad al mandatario, hoy capturado por Estados Unidos. 

¿Cómo distinguir entonces cuando hay un auténtico fraude? ¿Quién y cómo está hablando de fraude electoral en las presidenciales de Colombia? 

Fraude electoral versión 2026 

En Colombia, y desde todos los espectros de la política, hemos visto cómo en los entornos digitales aparecen dudas sobre la infraestructura o la autoridad electoral, imágenes de formularios con errores o tachaduras y teorías engañosas o falsas sin evidencia que las respalde. 

Para identificar cómo se ha movido la conversación sobre fraude en las redes y quiénes son sus principales interlocutores, desde Dejusticia nos aliamos con Linterna Verde, una organización que trabaja en la intersección entre tecnología, democracia y espacio cívico. Al tomar el pulso de cómo se está moviendo la narrativa del fraude electoral en las redes sociales (entre febrero y abril de 2026), encontramos cinco tendencias: 

• La conversación sucede principalmente en X (63%) y Facebook (30%), y en menor medida en Instagram (4%) y TikTok (2%). 

• En X, el principal interlocutor de esta narrativa es el presidente Gustavo Petro, al que le siguen varias cuentas de voces afines al Gobierno y del sistema de medios públicos.

• Las voces cercanas al Gobierno cuestionan el software de transmisión y conteo de votos —que vincula con irregularidades detectadas en las elecciones de 2014 y con la empresa Thomas Greg & Sons—; denuncian posibles manipulaciones en los formularios E-14 usados para el preconteo, y aseguran que hubo fraude contra el Pacto Histórico en las elecciones de 2022: supuestas alteraciones en miles de mesas de votación y la pérdida de más de 400.000 votos.

• Por su parte, la oposición ha enmarcado la narrativa del fraude en el uso político de recursos públicos por parte del Gobierno y en la compra de votos del partido del presidente Petro como tácticas para influir en el resultado de las elecciones.

• Las narrativas de fraude no encuentran todavía un contrapeso real en la conversación pública. Desde la sociedad civil se han emitido advertencias, pero no alcanzan a equilibrar la visibilidad ni la capacidad de circulación de los discursos del Presidente y la oposición. 

Encuentra el análisis completo que hizo Linterna Verde sobre la narrativa de fraude electoral en redes sociales

El sistema de conteo de votos colombiano 

Los argumentos del Gobierno y de la oposición deben mirarse con lupa y desde la claridad de qué reglas existen en Colombia para prevenir delitos electorales y cómo funciona el sistema de conteo de votos. 

Partamos del hecho de que, tanto la Constitución de 1991 (artículo 127) como la Ley de Garantías, hacen explícito que en Colombia no está permitida la participación política de servidores ni el uso de recursos públicos para influir en elecciones. Incurrir en estas conductas en plena campaña por la Presidencia significa incurrir en una forma de fraude antes de las votaciones, pues alguien estaría manipulando las condiciones de libertad e igualdad en las que debería darse la elección del próximo mandatario. 

Ahora bien, cuando hablamos propiamente del sufragio, hay que entender el sistema electoral colombiano como mixto, es decir, que combina mecanismos manuales y electrónicos. Esto, según explica Pilar Sáenz, consultora en tecnología y democracia, puede reducir los riesgos de un fraude:

Los ciudadanos votan en tarjetones físicos y, al cierre de las mesas, los jurados  —que son ciudadanos elegidos al azar: sobre todo docentes, trabajadores, estudiantes y simpatizantes que postulan los partidos— cuentan los votos uno por uno y registran los resultados a mano, en los famosos formularios E-14. En este proceso, los jurados están acompañados por testigos electorales de todos los movimientos políticos, de organizaciones de la sociedad civil y de veedores nacionales e internacionales. 

Así es como Colombia obtiene el respaldo físico de cómo votó el país, pero inmediatamente después se suma el componente tecnológico —el que critica el presidente Petro— , pues los mismos jurados transmiten los datos a la Registraduría mediante operadores (humanos) que leen telefónicamente los datos, los digitalizan o envían fotografías y copias escaneadas de las actas. Este proceso —cuyos resultados son de carácter informativo— está a cargo de empresas, que no reemplazan el conteo manual de los jurados, pero sí participan en la infraestructura que permite recibir, procesar y publicar rápido los resultados preliminares.

Dichos resultados, que nunca son los definitivos y solo muestran tendencias, pasan a manos de comisiones escrutadoras, conformadas por jueces, notarios y funcionarios encargados de revisar los formularios E-14, corregir inconsistencias y resolver reclamos ciudadanos o de campañas y partidos. Todo esto, frente a testigos electorales de todos los partidos y delegados de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Aquí, de nuevo, el escrutinio se basa en documentos físicos, verificados por humanos, y no en softwares de transmisión de votos. De hecho, es posible que en este proceso —que sí cuenta como resultado oficial y es jurídicamente vinculante— haya cambios respecto al preconteo. Tenemos entonces un sistema que no depende exclusivamente de medios tecnológicos, y que cuenta con varios controles, muchos ejercidos por ciudadanos y ciudadanas.

ABC de un posible fraude electoral 

Eduardo Repilloza, quien ha sido observador en comicios de Argentina, Estados Unidos, Georgia, México y Venezuela considera que la narrativa del fraude no tiene cómo sostenerse en Colombia, pues la doble verificación y la mezcla de un sistema manual con componentes de software da garantías, incluso mejores que las de países de la región —como Brasil— donde el voto es electrónico en su totalidad. 

Esta afirmación la basa en el hecho de que en la historia reciente de nuestro país no ha habido diferencias tan grandes entre el preconteo y el escrutinio que ameriten, por ejemplo, una impugnación de las elecciones o salir masivamente a las calles para exigir revisión de los resultados. Sin embargo, Colombia ha tenido casos probados de irregularidades, como el de las elecciones al Senado de 2014 por destrucción de material electoral, inconsistencias entre formularios y software inidóneo, que llevaron al partido Mira a perder tres curules que luego fueron recuperadas. 

Ahora bien, en la narrativa de Petro aparece otro componente. El mandatario afirma que las autoridades electorales no han hecho auditoría independiente a las tecnologías utilizadas por las empresas que prestan tecnologías para las elecciones, y que éstas deberían entregar la totalidad del código fuente de su software para ese fin. Al respecto, la Registraduría ha dicho que contrató una auditoría internacional con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), mientras el CNE hizo lo mismo con la empresa Jahv McGregor S.A.S. Según reportó La Silla Vacía, es la primera vez que el país tiene un esquema de auditoría así para esta materia. 

Para Pilar Sáenz, la petición de Petro de entregar el código fuente por completo no es descabellada. Las auditorías contratadas este año son en realidad las primeras que hacen pruebas robustas al software usado en Colombia, pero si los expertos tuvieran pleno acceso al código, su inspección sería todavía más certera. Aun así, agrega, en democracia hay que saber ponderar: identificar y exigir mejoras en el sistema no es necesariamente un fraude ni una razón para deslegitimar las elecciones. 

Para hablar de fraude electoral, concluye Sáenz, vale la pena mirar también otros problemas estructurales que suceden antes de depositar el voto y que no dependen solo de la autoridad electoral en Colombia, como el trasteo de votos, el constreñimiento al votante o las formas de violencia que impiden a los ciudadanos elegir con libertad y garantías. 

Confianza electoral: difícil de construir y fácil de desmontar

Cuando  la narrativa del fraude se presenta sin evidencia ni contrastes, puede minar la confianza en el proceso electoral —bastante difícil de construir— e invalidar a la parte ganadora durante unas elecciones. 

Ambos efectos son nocivos para las democracias. Así lo explica Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE Colombia). Según dice, al presentar narrativas del fraude que tienen información falsa, distorsionada o imposible de verificar, comienza a justificarse que las elecciones no son el método más óptimo para acceder al poder. Así, la violencia o el desmonte del Estado de derecho pueden ser estrategias para gobernar o para vencer a la oposición. Y esto es peligroso, pues genera presiones desmedidas y riesgos de seguridad para la autoridad electoral, y puede convertirse en caldo de cultivo para retrocesos democráticos y regímenes autoritarios.  

En estos días previos a las elecciones, hay un extremo al que los colombianos no deberíamos llegar: ni confiar como un acto de fe, ni dudar porque sí. Barrios afirma que los procesos electorales necesitan todo el tiempo necesario para la confirmación de que las cosas se están haciendo bien, pues partir de que todo está mal, genera dudas que no tienen respuestas razonables. 

“Hay que dudar, pero acompañados de estudios y procedimientos que permitan hacer verificaciones. Y sin embargo, a los responsables de la gobernanza de las elecciones les parece más divertido generar teorías de la conspiración en redes sociales, cuando de ellos esperamos que expliquen de manera certera y busquen mecanismos para fortalecer la confianza”, opina la experta. 

Modus operandi de la narrativa del fraude 

Repilloza, que ha tenido que ver a la narrativa del fraude moviéndose en varios contextos, cuenta que, cuando ésta busca manipular o desinformar, suele funcionar así: arranca a partir de un hecho o serie de hechos aislados, que luego se generalizan o se sacan del contexto; adquiere un tono de denuncia, aunque sin evidencias claras; apela a sentimientos de indignación y desconfianza para acusar a la contraparte o al sistema, e interpela a seguidores y adeptos para viralizarse. 

Estas narrativas sobre fraude electoral se potencian en las redes sociales, principalmente en X y Meta, donde ya no hay esquemas para verificar información falsa. Mientras tanto, en Tik Tok, cuyos algoritmos desconocemos cómo funcionan, si alguien comparte un video diciendo que hay fraude electoral, y este contenido promueve la interacción de los usuarios, va a circular mucho más hasta volverse viral, llegando incluso a personas que no lo han querido ver.  De hecho, por denuncias basadas en estos razonamientos, la Comisión Europea está investigando la injerencia de TikTok en las elecciones de Rumania. 

Entonces, ¿qué acciones tomar frente a las narrativas falsas o imprecisas sobre fraude electoral? El grupo de expertos que consultamos nos dieron estas ideas:  

5 acciones frente a la narrativa del fraude 

• Antes de compartir una denuncia sobre fraude, pregúntese: ¿de qué fuente proviene?, ¿hay una persona o grupo de personas detrás?, ¿está sustentada con evidencia?, ¿lo confirman observadores independientes?, ¿aparece en diversos medios de comunicación?

• Las respuestas a estas preguntas resultan más sencillas si usted se informa sobre cómo funciona el sistema electoral colombiano. Este artículo puede ayudarle, así como la información oficial de la Registraduría y de la Misión de Observación Electoral (MOE).

• Antes de alarmarse, recuerde que no toda irregularidad es un fraude electoral. Por eso, analice el contexto en el que se presenta la denuncia: ¿cuál es la magnitud?, ¿se trata de un caso, pocos casos o muchos?, ¿cambia los resultados de la elección o cuál es su impacto?

• La sola duda es insuficiente. Si a usted le sigue preocupando qué pasa con su voto, participe como observador electoral independiente o inscríbase como testigo electoral con algún partido político de su preferencia.

• Necesitamos más pactos entre medios de comunicación, fact checkers, organismos electorales, plataformas digitales y partidos políticos para darle la dimensión real a cada acusación de fraude. 

Las elecciones son el mecanismo más importante que tenemos para dirimir diferencias de forma pacífica en la sociedad, y por eso desde la academia y la sociedad civil podemos hacer uso de las redes sociales, los algoritmos y la inteligencia artificial para promover una alfabetización digital que aclare y contrarreste narrativas sobre fraude.