Niños, niñas y niñes defensores de derechos humanos

En 1975, las movilizaciones por el Boleto estudiantil en Argentina fueron lideradas por estudiantes de secundaria de entre 13 y 18 años quienes posteriormente fueron detenidos, torturados y desaparecidos por la dictadura. Casi cincuenta años después, en Chile, niñas y niños de escuelas secundarias comenzaron las protestas que llevarían a la propuesta del cambio de la Constitución de 1980 vigente desde la dictadura militar. Hoy, las personas adultas continúan discutiendo si la niñez tiene el derecho a defender derechos, mientras día a día, niños, niñas y niñes se exponen a la invisibilización, a la estigmatización y a la violencia por exigir y reclamar que se cumplan sus derechos fundamentales. 

Defender derechos no es solo un derecho, sino también un deber de todas las personas, incluyendo la niñez. De hecho, la defensa de los derechos humanos es una de las formas más importantes en que niños, niñas y niñes pueden participar y ser tenidos en cuenta en el sistema democrático. En este sentido, el activismo desde la niñez es una expresión imprescindible de la democracia, e igualmente, de la protección de niños, niñas y niñes.  

Recientemente, la Corte Constitucional de Colombia reconoció por primera vez que la niñez tiene el derecho a defender derechos. Al analizar el caso de Rubén, un niño defensor de derechos de 14 años que se enfrentó a un sistema educativo discriminatorio y violento contra las personas LGBTIQ+, dio un paso importante para reconocer la agencia que tienen niños, niñas y niñes y así garantizar que puedan ejercer sus derechos. A continuación, se explicará en qué consiste el derecho a defender derechos de niños, niñas y niñes, así como sus límites y alcances. Para esto, se presentará el caso de Rubén y el reconocimiento que realizó la sentencia de su labor como defensor de derechos humanos. Por último, se analizarán algunos de los desafíos y obstáculos que restan por derrumbarse para que niñas, niños y niñes ejerzan sus derechos y su derecho a defenderlos. 

Rubén, el niño defensor de derechos humanos

Rubén es un defensor de derechos humanos de 14 años que fue sancionado por su colegio como represalia por denunciar la vulneración de derechos de los y las estudiantes LGBTIQ+ en la institución educativa. En 2023, el estudiante denunció en un video en redes sociales que su Colegio sancionaba prácticas que consideraba “homosexuales” y proyectaba en las clases de educación sexual un documental que incentivaba el uso de las mal llamadas “terapias de conversión”, es decir, intervenciones para cambiar la orientación sexual de las personas LGBTIQ+. Además, alertó que la institución había expulsado a dos compañeras LGBTIQ+ por manifestaciones de afecto dentro del centro educativo.

En represalia por la denuncia, el Colegio canceló la matrícula escolar de Rubén al considerar que el estudiante estaba propagando discursos difamatorios de la comunidad educativa. Cuando Rubén acudió a los tribunales, la institución lo reintegró en la modalidad “semiescolarizada”, es decir, impidiéndole participar presencialmente en las clases y compartir con la comunidad educativa. Además, condicionó su permanencia a que presentara disculpas y eliminara el video de denuncia.

El reconocimiento del derecho de niños, niñas y niñes a defender derechos 

Desde Dejusticia presentamos un enfoque innovador en el caso: el derecho a defender derechos de la niñez colombiana, los niños, niñas y niñes son titulares de una serie de derechos como a la libertad de expresión, a expresar su opinión, a ser tenidos en cuenta, y a la educación. Estos derechos, leídos en conjunto, son la base del derecho a defender derechos. Para la niñez, este derecho implica el deber tanto del Estado como de las instituciones educativas de inculcar el respeto y la defensa de los derechos humanos, pero también de empoderar a quienes deseen ejercer su defensa. Asimismo, implica la adopción de acciones efectivas para eliminar todo tipo de discriminación y estigmatización que surja en contra de esta labor. Es decir, los colegios deben ser un lugar habilitante para la promoción de los derechos humanos, garantizando que la niñez ejerza sus derechos y en consecuencia, fomentando un entorno educativo seguro, inclusivo y libre de discriminación.  Garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan conocer, monitorear y exigir el cumplimiento de sus derechos y libertades fundamentales es primordial para asegurar que todos sus derechos sean respetados y protegidos. 

Este argumento quedó consignado en la sentencia T-529 de 2024 de la Corte Constitucional, al determinar por primera vez que los niños y niñas tienen el derecho y el deber de defender derechos humanos y que, como tal, gozan una especial protección constitucional. Para la Corte, la labor de la niñez como defensores de derechos humanos fomenta la construcción de una sociedad democrática y tolerante que promueve una convivencia pacífica. En este sentido, los contextos educativos son escenarios esenciales en los que los y las estudiantes deben comenzar a comprender y ejercer sus derechos y deberes, lo cual constituye uno de los principales objetivos de la educación en los Estados Constitucionales. Para ello, deben tener el derecho a ejercer esa defensa y ser protegidos por el Estado en su labor. 

El alto tribunal concluyó que la institución educativa utilizó la potestad disciplinaria como herramienta para acallar la voz de un defensor de derechos humanos. De hecho, la Sala consideró que los mensajes que denuncian situaciones discriminatorias en el entorno educativo cumplen una función democrática protegida constitucionalmente. Por lo tanto, consideró que la sanción de la entidad constituyó un acto de censura que vulneró los derechos del estudiante. 

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Reconocer la agencia de la niñez como obstáculo para la defensa de derechos humanos 

La sentencia de la Corte Constitucional es un primer paso tanto a nivel nacional como internacional para la protección de la defensa de derechos por la niñez. Alineándose con los pronunciamientos organismos de Naciones Unidas, el fallo del caso de Rubén nos brinda unos elementos básicos para avanzar en la eliminación de los obstáculos que enfrentan niños, niñas y niñes para ejercer su derecho a defender derechos. En efecto, para que este derecho sea efectivo, más allá de su reconocimiento, la niñez necesita de espacios, como los entornos educativos, en donde se enseñen e inculquen activamente los derechos humanos, pero también promuevan su defensa y protejan a quienes los defienden. 

Si bien el pronunciamiento de la Corte representa un avance significativo, queda terreno por recorrer. Para que la decisión transforme de verdad la vida de la niñez, hacen falta órdenes concretas dirigidas a las instituciones del Estado, y de manera especial al sistema educativo, que garanticen su derecho a ser defensores de derechos humanos. Sin estas medidas, el impacto del fallo en las vidas de la niñez será limitado. Adicionalmente, es necesario combatir la visión adultocéntrica que reduce a los niños, niñas y niñes a sujetos que requieren de una especial protección, pero que desconocen sus capacidades, su agencia y su ejercicio activo de derechos. Este enfoque, aunque parte del interés superior de la niñez, puede conllevar a silenciar sus voces, negarles autonomía o minimizar su participación en la vida social y política. Reconocer que la niñez requiere de una protección especial no debe ser incompatible con reconocer que también tienen la capacidad de actuar, opinar y defender derechos.

Mientras su agencia siga siendo invisibilizada, el activismo de la niñez será desincentivado, ignorado o incluso castigado. Desconocer que los niños, niñas y niñes tienen el derecho a expresarse, a opinar y a actuar les pone en una mayor situación de vulnerabilidad. Una niñez que no conoce sus derechos, que no sabe que tiene derecho a defenderlos o que es silenciada cuando lo hace, no tiene herramientas para protegerse. Una niñez que no puede defender derechos está condenada a vivir la violencia en silencio.