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Cuando el Ministro Cárdenas propone cobrar impuestos a las pensiones, a uno se le arruga el corazón. Se imagina colas interminables de personas mayores, cobrando su mensualidad en los azarosos últimos días de su vida. Y para colmo, ahora los obligarían a pagar impuestos sobre lo ahorrado con el sudor de su frente.

Pero no. La propuesta es otra: se trata de un cobro del 5% sobre pensiones de 10 millones de pesos mensuales en adelante. La intención es invertir la actual regresividad del sistema pensional, en el cual hay, en no pocas oportunidadades, gran diferencia entre lo que se aporta como trabajador(a) y lo que se recibe como pensionado(a).

El “síndrome de las chuzadas” despierta suspicacias frente a un Decreto reciente y difícil de aplicar: técnicamente no es fácil armonizar la obligación de investigar a los culpables con el derecho a la intimidad, el habeas data y la libre expresión.

Una segunda razón que se invoca para ampliar el fuero militar es la búsqueda de mayor seguridad jurídica para los militares y los policías. Pero esta segunda justificación no es convincente ni aceptable, como tampoco lo era la primera, que analicé en la anterior columna.

Desde la expedición de la ley de víctimas se han desarrollado amplios debates en relación con la política de restitución. El más reciente surgió a propósito de la instalación formal de los diálogos de paz.

Por azares del oficio de sociólogo, hace unos años terminé estudiando el mundo de la bolsa.

La legalización del porte y consumo de mariguana en Colorado y Washington, como lo han señalado algunos analistas, puede ser el comienzo del fin del prohibicionismo, o al menos una oportunidad para debatir mejores alternativas de política, que sean menos costosas en términos económicos y de derechos humanos.