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LAS CIUDADES, COMO LAS PERSONAS, tienen su temperamento. Algunas son disciplinadas, atentas y apacibles, mientras que otras son impulsivas, impredecibles y caprichosas. No es fácil identificar con precisión ese temperamento, pero cualquier turista sabe que no es lo mismo estar en, digamos, Estocolmo, que en Roma o en Barranquilla y que detrás de la geografía y de los edificios de esas ciudades, hay algo propio e inmaterial que las identifica y las determina.

A LAS PATADAS. ASÍ FUERON EXPULsados de Venezuela José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, representantes de Human Rights Watch (HRW). Todo por cantarle un par de verdades al gobierno de Hugo Chávez en una conferencia de prensa en la que presentaron un informe sobre la situación de derechos humanos en ese país.

EL AÑO PASADO ESTÁBAMOS OYENDO la conferencia que dictaba un profesor francés en la Universidad Nacional cuando de pronto vimos por las ventanas del auditorio a unos encapuchados que arengaban contra Uribe y lanzaban papas explosivas. El profesor francés palideció, suspendió su explicación y se levantó de su silla.

¿Cómo pueden los líderes guerrilleros desatender los desastrosos resultados que ha producido la lucha armada que ha sido factor en el surgimiento de los grupos paramilitares, la desaparición del movimiento campesino, el debilitamiento del movimiento sindical, la contrarreforma agraria y el terror cotidiano de las últimas décadas?

El 16 de agosto de 2008, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y sociedad –Dejusticia-, la Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, la Red Nacional de Mujeres, y la Corporación Antígona para el Desarrollo Social, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, presentaron una acción electoral de nulidad contra el acto administrativo a través del cual, el 19 de agosto de 2008, la Cámara de Representantes eligió al doctor Volmar Pérez como Defensor del Pueblo.

Dejusticia, Fedevivienda y otras ciudadanas demandan parcialmente dos leyes que regulan la vivienda de interés social por violar los derechos a la vivienda digna, la igualdad, el espacio público, el deber del Estado de proteger a las personas más vulnerables y el principio de descentralización