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El artículo, a través de un análisis de la evolución de la política antidroga en 1989, desarrolla la metáfora del carácter adictivo de la «guerra a las drogas». La tesis central es que, al igual que el adicto que siente la compulsión de cada vez consumir más ciertas sustancias, que cada vez le producen menos efectos placenteros, la estrategia antidrogas recurre a represiones cada vez más intensas, pero con muy pocos efectos sobre la oferta de drogas. Pero en cambio esa represión provoca efectos perversos muy graves, como el incremento de la violencia y la corrupción, asociados a las mafias del narcotráfico, o el desarrollo de un derecho penal invasivo y autoritario. El artículo termina con un llamado a una suerte de «desintoxicación» de la política antidrogas, que logre una política criminal razonable frente a las drogas.

Rodrigo Uprimny, director de DeJuSticia, argumenta que la propuesta gubernamental de penalizar el consumo de drogas es un capítulo más del carácter adictivo de la represión de las drogas.

Más de 20 periodistas de los medios de comunicación más importantes participan del Curso en Sistema Internacional de Derechos Humanos, promovido por Dejusticia y la Agencia Española de Cooperación Internacional. La riqueza y el rigor de la información sobre DDHH son fundamentales en países con graves crisis humanitarias, como Colombia.

Los indicadores de pobreza, educación, empleo y mortalidad infantil de los afrocolombianos son alarmantes. Además, el racismo estructural está bien arraigado en nuestra sociedad. Por eso, el CIJUS de la Universidad de Los Andes,el Proceso de Comunidades Negras y Dejusticia, lanzaron el primer Observatorio de Discriminación Racial en Colombia.

Juan Fernando Jaramillo manifiesta que es necesario impulsar una cultura política de la democracia y del respeto a las libertades y los derechos. Como ejemplo, retoma la experiencia alemana de la post guerra.

En este documento se explica el control constitucional del TLC y se analizan cuatro cláusulas relacionadas con propiedad intelectual, solución de controversias, expropiaciones indirectas y reclamaciones sin infracción, que pueden vulnerar las normas constitucionales sobre el derecho a la salud, el principio de igualdad y la capacidad regulatoria y jurisdiccional del Estado.