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Escuela de estudios y acciones legales que avanza en el uso de la ley para la transformación social. Originada en la Europa Continental y Latinoamérica en la década de los 70, se establece a sí misma como uno de los más destacados lugares prácticos y teóricos en el desarrollo de la crítica al positivismo legal. Dado su enfoque hacia las relaciones entre ley, política y el contexto social, ha incitado una amplia gama de estudios académicos y debates públicos inspirados por una aproximación sociológica.

Reseña del libro que recoge los trabajos recientes del IEPRI sobre los cambios del conflicto armado en Colombia desde los noventa.

Reseña del intercambio entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Wisconsin-Madison sobre democracia participativa.
(Con Erik Olin Wright)

(Footnotes, Revista de la American Sociological Association, 2004)

César Rodríguez critica a los grupos antiaborto y a la Corte Constitucional por desconocer con sus acciones la masiva violación de los derechos de las mujeres revelada por las cifras recientes sobre violencia sexual.

El artículo muestra las relaciones que pueden hacerse entre la práctica de la interpretación constitucional y los problemas de la fundamentación de la universalidad de los derechos humanos. Para ello el artículo hace un estudio sistemático de la forma como la jurisprudencia constitucional colombiana, alemana y estadounidense han resuelto las tensiones entre el derecho a la intimidad y la liberad de información, y muestra que a las distintas formas de solución de esas tensiones corresponden distintos conceptos de democracia constitucional. Y sostiene que la armonización práctica de esas tensiones constitucionales es una muestra de que es posible alcanzar, por medio del diálogo y de la ponderación, una cierta universalidad de los derechos humanos, que sea respetuosa de la diversidad de perspectivas para entenderlos. Y en eso consiste la ?uni-diversalidad?.

El artículo debate las tres grandes controversias suscitadas por la tutela, a saber, (i) en qué medida ella ha sido un factor de congestión y qué hacer con la posible congestión que ha provocado; (ii) en qué medida esa acción judicial ha provocado inseguridad jurídica y ha afectado la cosa juzgada, debido a la existencia de tutela contra providencias judiciales, y qué se debe hacer frente a ese fenómeno; y, (iii) finalmente, si debe o no mantenerse la tutela para los derechos sociales. El artículo analiza esos tres puntos, intentando en cada uno de ellos reseñar la situación y los términos del debate, para luego ofrecer algunas perspectivas de solución.