Así como en su momento muchos criticamos que el presidente Petro usara símbolos bélicos en las polémicas políticas, como su recurrente e insensata referencia a la atroz bandera de “guerra a muerte” de Bolívar, quienes tengamos convicciones democráticas deberíamos oponernos a esa militarización simbólica de nuestra vida política pretendida por ADLE.

Las grietas físicas se juntaron a las que ya estaban ahí: las que genera un Estado ausente, que defrauda a su pueblo y permite que, 27 años después, el mismo lugar sufra otra tragedia, dejando a más de 40 mil desaparecidos y quién sabe realmente cuántas personas sin vida.

La fragmentación corporativa y el carácter extranjero de las empresas tecnológicas no es un obstáculo para garantizar los derechos de las y los nacionales de la región, en relación con sus datos personales.

La posesión de Abelardo de La Espriella en una instalación militar alteraría gravemente nuestros rituales civilistas de transmisión del poder, por lo cual sería muy negativa.

No sobra recordar aquí la célebre advertencia de Hamilton al inicio del Federalista: “entre aquellos hombres que han derrocado las libertades de las repúblicas, la mayoría ha (…) empezado como demagogos y acabado como tiranos”.

Cartagena pasó de recaudar 1,1 billón de pesos en 2022 a 1,6 billones en 2025, provenientes especialmente de los impuestos de industria y comercio, y predial.

Nuestros líderes, y en especial Petro, ADLE y Cepeda, deberían recuperar el espíritu de la Constitución de 1991: tienen que anteponer el interés nacional y lograr los acuerdos básicos que permitan una alternancia democrática serena.

Las mujeres migrantes también necesitan ser cuidadas. Necesitan acceso a salud, protección social, empleo formal, reunificación familiar, redes de apoyo y condiciones de vida digna.

Gustavo se comprometió como pocos con la defensa de los derechos humanos en general y aquellos de las víctimas en particular, asumiendo grandes riesgos y costos, personales y familiares.