El Congreso debe actuar con urgencia y responsabilidad para evitar que el Presupuesto General de la Nación se apruebe por decreto, asegurándose de que se discuta y ajuste de acuerdo a la realidad económica del país, de modo que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

Décadas de prohibicionismo han configurado un complejo laberinto de normas, que hay que reescribir. Mientras esto ocurre, se diluyen las expectativas de cultivadores y usuarios de marihuana, en medio de fuego cruzado y las tensiones alrededor de este tema que se reavivan.

Infortunadamente, esa perversa tecnología de degradación normativa aún persiste como elemento de la cultura jurídica en Colombia. Debemos esforzarnos por superarla y desarrollar en todos los funcionarios una genuina cultura cotidiana de respeto de los derechos humanos. Una tarea difícil pero imprescindible.

Será la cabeza del órgano encargado legalmente de garantizar el derecho de acceso a la información pública y la transparencia que le hicieron falta en el Senado.

Cuan triste es un sistema que reduce a los más vulnerables a objetos. Cuan triste es ver que la acumulación de riqueza se basa en la desposesión de los excluidos.

El presidente Petro ha argumentado nuevamente que existe un “golpe blando” en su contra debido a las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) por posible violación de los topes electorales.

La vocación humanista de los derechoa humanos, más allá de la distinción de grupos y naciones, ha sido amortiguada por la dinámica política al interior de los países, que lo absorbe casi todo e impide ver la imagen ampliada de los padecimientos humanos.

El Estado peruano, desde sus mismos compromisos con el derecho internacional, tiene como obligación garantizar la democracia y, en ese marco, el derecho de la sociedad civil a asociarse y a expresarse. Sin embargo, estamos ante un grave contexto de cierre del espacio cívico que empieza a mostrar distintas señales de alerta, a las que es urgente ponerles atención.

Deberíamos tener menos órganos de control, más pequeños y con funcionarios de carrera especializados. Sería más barato y nos iría mejor. Y específicamente deberíamos retomar el debate que algunos hemos planteado sobre la supresión de la Procuraduría, o al menos su radical achicamiento burocrático y funcional.