La laicidad protege al Estado de una interferencia indebida de las religiones, por cuanto éstas pueden llevar a asumir posiciones fundamentalistas en las luchas políticas y desembocar en persecuciones y guerras de religión.

Este trabajo no depende únicamente del apoyo que ya ofrecen las cámaras de fotodetección en corredores viales estratégicos.

Hoy, la Corte Constitucional tiene una oportunidad de oro para pronunciarse sobre este y otros temas de relevancia constitucional.

Los juramentos no son actos jurídicos menores: quien los incumpla no sólo pierde toda credibilidad, sino que ese hecho tiene implicaciones jurídicas, incluso penales.

El presidente electo no se quiere posesionar en la Plaza de Bolívar, como lo manda la tradición, sino en una guarnición militar.

El caso colombiano demuestra que la aplicación de la política de drogas refleja patrones históricos de exclusión que permiten evidenciar que el racismo es estructural e institucional. La pregunta es qué está haciendo el Estado colombiano hoy para evitar que esto se repita.

Así como en su momento muchos criticamos que el presidente Petro usara símbolos bélicos en las polémicas políticas, como su recurrente e insensata referencia a la atroz bandera de “guerra a muerte” de Bolívar, quienes tengamos convicciones democráticas deberíamos oponernos a esa militarización simbólica de nuestra vida política pretendida por ADLE.

Las grietas físicas se juntaron a las que ya estaban ahí: las que genera un Estado ausente, que defrauda a su pueblo y permite que, 27 años después, el mismo lugar sufra otra tragedia, dejando a más de 40 mil desaparecidos y quién sabe realmente cuántas personas sin vida.

La fragmentación corporativa y el carácter extranjero de las empresas tecnológicas no es un obstáculo para garantizar los derechos de las y los nacionales de la región, en relación con sus datos personales.