Lo que pase en Brasil afectará la autonomía de toda América Latina

El pasado 4 de octubre los brasileños salieron a elegir a congresistas, gobernadores y al presidente. Siguiendo la trayectoria de las elecciones que han ocurrido en América Latina, el giro a la derecha, si bien esperado, fue agresivo: la derecha tuvo una ampliación histórica en el Senado, garantizando casi la mitad de los senadores, achicando a partidos de centro y estancando a la izquierda, que eligió congresistas en proporción mucho menor. En la Cámara de Diputados, esto se repitió. Los diputados más votados, de la ultraderecha, tuvieron la mayor votación ya registrada: más de 3 millones de votos cada uno.

En la presidencia, Lula, en su tercer mandato y buscando el cuarto, pasa a segunda vuelta el 25 de octubre contra Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente condenado por intento de golpe de Estado. Las intenciones de voto le daban mayoría a Lula, y aunque garantizó la segunda vuelta, quedó por debajo de las proyecciones que le daban ventaja, en la jornada más apretada de la historia.

De las muchas elecciones que han sucedido en América Latina en los últimos años, la de Brasil es quizá la más importante. Brasil es la décima economía mundial, una potencia regional y un actor que incide, junto a países como China, Rusia e India, en la geopolítica mundial. Sobre el liderazgo de Lula, el desempleo se encuentra en niveles históricamente bajos, la inflación está bajo control y el PIB mantiene una trayectoria de crecimiento. Esto, sin embargo, no ha sido suficiente para contener la expansión hacia la derecha que se desató por el país. El gobierno de Lula llega a un rechazo del 49%. 

La polarización del país aparece también en las propuestas de cada candidato, con proyectos muy distintos: el de Flávio, por ejemplo, prioriza un severo ajuste fiscal con prioridad a la inversión privada y disminución del Estado, opuesto al proyecto de estímulo al consumo por medio de políticas sociales, además de la reducción de la jornada laboral 6×1 y aumento del sueldo mínimo por encima de la inflación.

Hay, en todo caso, elementos que están en juego de forma distinta en esta elección, y por eso es tan importante.

Una crisis institucional que pone en riesgo la autonomía del país

Brasil atraviesa una profunda crisis institucional. El Supremo Tribunal Federal (STF, la mayor instancia judicial del país) enfrenta serias críticas a su idoneidad e independencia. El Tribunal ha desempeñado un papel central en algunos de los principales conflictos políticos de los últimos años, desde los procesos relacionados con los ataques a las instituciones democráticas hasta decisiones sobre la desinformación y el funcionamiento de las plataformas digitales. Ese protagonismo ha sido defendido por quienes consideran que el STF ha actuado como contrapeso frente a abusos de poder, pero también ha generado críticas sobre los límites de sus competencias, su independencia y la concentración de poder en la Corte. Se creía que el Tribunal podría ser un punto de equilibrio entre los distintos poderes estatales y que fortalecería la institucionalidad del país como referente democrático. El escándalo del Banco Máster, definido por muchos como el mayor fraude bancario de la historia del país, sin embargo, ha puesto en evidencia la relación entre el poder económico, las instituciones públicas y los mecanismos de supervisión, al tener en su entorno menciones a jueces de la Corte y diversos políticos (incluyendo al propio Flávio Bolsonaro). Aun así, la mayoría de los políticos de derecha vinculados al escándalo salieron victoriosos en las elecciones.

Las tensiones entre las altas cortes y las élites económica y política destacan la fragilidad institucional por la que pasa el país. Históricamente gobernado por lo que el politólogo brasileño Sergio Abranches llamaba “presidencialismo de coalición”, Brasil llega a un punto de inflexión en esta dinámica.

Una de las expresiones de esta transformación es el creciente peso de las enmiendas parlamentarias, mediante las cuales los congresistas pueden destinar recursos del presupuesto federal a proyectos específicos. Su aumento ha ampliado significativamente la capacidad del Congreso para intervenir en la ejecución del presupuesto y, a su vez, su injerencia en las prioridades del Ejecutivo, que depende cada vez más de negociaciones con el Congreso para aprobar sus proyectos y garantizar gobernabilidad. Algunas enmiendas han sido objeto de cuestionamientos por sus bajos niveles de transparencia y trazabilidad. Los diputados, por ejemplo, destinaron seis de cada diez reales de las enmiendas a municipios donde tuvieron mejor desempeño electoral.

La segunda vuelta no resolverá por sí sola este problema. Con independencia de quién sea, el próximo presidente tendrá que gobernar frente a un Congreso con una capacidad cada vez mayor de intervenir en la agenda presupuestaria y política del Ejecutivo. El resultado determinará también cómo se reconfigura esta relación entre Ejecutivo y Legislativo.

Y el Judicial no queda por fuera: el Partido Liberal (PL), liderado por la familia Bolsonaro, se consagró en el Senado con una narrativa anti-STF. El Senado tiene la prerrogativa de juzgar a los ministros de la Corte, por lo que es de esperarse que pedidos de impeachment de jueces sean una prioridad para una mayoría del nuevo Senado. Además, el próximo jefe del Ejecutivo tendrá que nombrar cuatro nuevos ministros del STF entre 2027 y 2030.

El equilibrio entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entonces, queda en cuerda floja.

La institucionalidad de Brasil es clave para su soberanía y prosperidad

Es importante entender esta dinámica porque los impactos de las transformaciones del equilibrio institucional brasileño no se limitan a la política doméstica. Tienen consecuencias directas sobre la capacidad de Brasil para definir su política exterior, preservar su margen de autonomía frente a las potencias internacionales y su lugar como un actor global. Fortalecer o debilitar la institucionalidad de Brasil, su democracia y estabilidad incide directamente en la dinámica geopolítica regional y global.

Como ha sucedido en distintas elecciones en América Latina desde la segunda llegada de Donald Trump al poder, Estados Unidos expande su influencia en la región. Explícitamente declarado en su estrategia de seguridad nacional, el gobierno Trump ha buscado reinstaurar una nueva versión de la Doctrina Monroe: ve a América Latina como una región clave de influencia y alianzas; Brasil se encuentra en el centro de esta disputa.

Lula ha defendido explícitamente una política exterior basada en la autonomía y el multilateralismo. En su último discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, afirmó que Brasil “no cabe en el patio trasero de nadie”. Al mismo tiempo, sectores vinculados a la candidatura de Flávio Bolsonaro han construido una relación política más estrecha con la administración Trump y con sectores de su gobierno. Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio que reside en Estados Unidos alegando persecución política por investigaciones del STF, se ha reunido con líderes de la administración estadounidense en distintas ocasiones solicitando la implementación de aranceles a Brasil, y sanciones a jueces del STF. 

La relación bilateral, entonces, se ha fragmentado. Los aranceles a productos brasileños y las discusionesen torno al Pix, el sistema de pagos instantáneos administrado por el Banco Central de Brasil (similar al Bre-B en Colombia), han hecho que el grado de autonomía de Brasil frente a Estados Unidos se vea en disputa. La administración Trump ha cuestionado el tratamiento regulatorio del Pix y lo ha presentado como una posible competencia comercial desleal, mientras que Brasil ha defendido el sistema como una infraestructura que amplió el acceso a los servicios financieros. Lo que plantea la segunda vuelta, entonces, es el nível de autonomía, soberanía y la relación que tendrá Brasil con Washington. 

Integración sudamericana y autonomía en riesgo

Esta disputa geopolítica incide directamente en la arquitectura global del multilateralismo y la institucionalidad de los derechos humanos. En un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un grupo de organizaciones brasileñas destacó que lo que está en juego en Brasil es también la situación de los derechos humanos y, frente a “posibles retrocesos de derechos alcanzados después de la democratización”, la importancia de los mecanismos de fiscalización de Naciones Unidas.

Mientras Colombia y otros países de la región deciden retirarse de organismos multilaterales y desvincularse de procesos internacionales, Brasil representa actualmente un pilar de defensa de las instituciones, la cooperación bilateral basada en el respeto mutuo y la autodeterminación. Es uno de los pocos países de la región con capacidad para incidir simultáneamente en la agenda regional y en los grandes debates del sistema internacional. Pero esto depende de su cohesión, estabilidad institucional y soberanía doméstica.

Lo que ocurra en Brasil tendrá consecuencias sobre la integración sudamericana, la relación de la región con Estados Unidos, el multilateralismo y la capacidad de los países latinoamericanos para preservar espacios de autonomía en un escenario internacional cada vez más fragmentado.