Por instituciones culturales públicas, pero no gubernamentales

En la última semana ha habido un gran rechazo a la remoción por orden presidencial de varias obras del Museo Nacional. Esta rabia se justifica porque se trata de una injerencia gubernamental autoritaria en la construcción de nuestra memoria nacional. Sin embargo, en esta columna busco trascender este grave hecho y analizo el tema desde una perspectiva institucional y de largo plazo. Esto me permitirá vincular la justa indignación por lo sucedido en el Museo Nacional con las polémicas que han suscitado igualmente los nombramientos en el DANE, en la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), en la Biblioteca Nacional, en el Instituto Caro y Cuervo y en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

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Este gobierno, y en ciertos aspectos los dos anteriores, desnudaron un error grave en el diseño de estas instituciones: sus directivos son nombrados discrecionalmente por el gobierno. Este esquema institucional lo tenemos tan normalizado en Colombia que rara vez es cuestionado. El máximo reclamo es pedirle al presidente o a su ministro de Cultura que nombre en esos cargos personas independientes, que conozcan del tema y realicen una buena gestión. Sin embargo, es obvio que el hecho de que esos directivos sean fichas del presidente genera incentivos para que el gobierno convierta las instituciones culturales o informativas en órganos de propaganda gubernamental. Esto lo hizo Duque cuando impuso en el CNMH a Darío Acevedo, un académico dedicado a defender las tesis uribistas de que en Colombia nunca había existido conflicto armado, o cuando Petro nombró en RTVC a Holman Morris, quien convirtió ese medio en un aparato de propaganda petrista. Sin embargo, esos dos presidentes, y la mayoría de los anteriores, tuvieron cierta altura y nombraron en el DANE o permitieron que llegaran a dirigir los institutos culturales (como el Museo Nacional) personas respetables y competentes. Esto no ha sucedido con el gobierno actual: todos estos cargos están hoy ocupados por personas técnicamente incompetentes y, sobre todo, que buscan convertir a esas instituciones en aparatos de la “batalla cultural” del gobierno.

Obviamente debemos criticar los nombramientos y actuaciones de esas personas, pero debemos ir un poco más lejos y defender la tesis de que ni la memoria ni la cultura ni la información deberían estar a disposición del gobierno de turno, sea de derecha o de izquierda. Y por eso debemos promover que existan instituciones culturales (como los museos), de información (como el DANE o RTVC) o de memoria (como el CNMH) que sean públicas, pero no gubernamentales. Esas instituciones deben tener financiación estatal (para que no dependan de criterios comerciales), pero sus directivas deben tener cierta independencia frente a los gobiernos, por lo cual deben gozar de una autonomía técnica y administrativa semejante a la del Banco de la República o a la de las universidades públicas.

Esto es posible. Basta pensar en que esas entidades tengan un consejo directivo con suficiente independencia y que tenga la responsabilidad de orientarlas y nombrar a sus directores. Y, como lo ilustré en columnas previas, existen buenas experiencias a nivel comparado: en el campo de la memoria, un ejemplo es el prestigioso Museo de la Memoria en Chile, que es estatal pero no depende del gobierno. En el de los medios, podríamos aprender de la BBC en el Reino Unido, que es un medio financiado en gran medida con recursos públicos pero independiente del gobierno. En cuanto a los museos, el British Museum también goza de gran independencia frente al gobierno. Y existen muchos ejemplos más.

La memoria, la cultura o la información no deben ser manipulables por los presidentes y por ello las instituciones públicas en este campo deben tener una suficiente independencia para evitar indebidas injerencias gubernamentales.