Los riesgos de un tigre desatado

En una columna hace varios años recurrí a la siguiente historia: a todos, en principio, nos gustan los derechos humanos ya que nos parecen justos y dignos, hasta que un día somos víctimas de la delincuencia. Y entonces nos volvemos críticos severos de estos derechos pues los vemos como obstáculos en la lucha contra el crimen. Hasta que otro día sufrimos un grave abuso policial y entonces volvemos a reivindicarlos porque entendemos que son garantías contra la arbitrariedad estatal.

Este cuento expresa una de las tensiones esenciales del Estado de derecho: las autoridades deben contar con el poder suficiente para garantizar el orden y combatir la delincuencia: si son muy débiles, corremos el riesgo extremo de la guerra hobbesiana de todos contra todos (o al menos de que la delincuencia se envalentone y aumente, por más de que el crimen tenga causas múltiples y complejas). Sin embargo, si el poder del Estado es desmesurado y carece de controles adecuados, entonces los riesgos de violaciones a nuestros derechos por las autoridades son enormes. Por eso Simón Bolívar siempre enfatizó que un buen orden constitucional debería evitar los extremos igualmente destructivos de la tiranía y la anarquía, entendida esta última como desorden violento. A su vez, uno de los padres fundadores del constitucionalismo estadounidense, James Madison, expresó esa idea en un párrafo célebre del Federalista 51, cuando afirmó: “Si los hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios controles externos ni internos al gobierno”. Como no es así, entonces “primero debe facultarse al gobierno para controlar a los gobernados y en segundo lugar obligarlo a que se controle a sí mismo”.

A algún lector estas referencias pueden parecerle una pura especulación pero no es así: el libro de los premios Nobel de economía de 2024, Daron Acemoglu y James Robinson, que lleva el sugestivo título de El pasillo estrecho, muestra, con amplias referencias históricas, incluidas varias acerca de Colombia, que la libertad y la seguridad sólo las conquistan sociedades que transitan el camino estrecho que consiste en construir Estados robustos, que sean capaces de controlar el crimen y evitar la guerra de todos contra todos, pero siempre y cuando esos Estados estén acompañados de controles y de una sociedad civil fuerte y vigilante para evitar los abusos de los gobernantes. Debemos entonces evitar, en la terminología de los autores, un “leviatán ausente”, pues ese tipo de Estados ineficaces no logran el orden ni evitan la violencia y, por ende, no garantizan la libertad. Sin embargo, debemos igualmente apartarnos de un “leviatán despótico” que abusaría de sus poderes al carecer de controles y de contrapesos en la sociedad civil. Lo que requerimos entonces es una especie de “leviatán encadenado”, que garantice en forma eficaz el orden y la seguridad, pero que esté a su vez controlado democráticamente por la sociedad para evitar el despotismo. Esto es: requerimos de un Estado robusto y capaz, pero limitado por nuestros derechos.

Este marco teórico es hoy útil porque este gobierno está planteando la opción de un leviatán despótico (o quizás, si usamos sus pobres metáforas, deberíamos decir que proponen un tigre desatado que ande por las calles y muerda duro). La seguridad militarizada que ha desplegado, junto con sus propuestas de un riesgoso estatuto terrorista y de un decreto que limita severamente el derecho de protesta muestra una opción de mano dura que puede parecer atractiva a muchos que piensan que la seguridad requiere que sacrifiquemos nuestros derechos. Sin embargo, es una apuesta muy peligrosa: no solo es posible que la seguridad militarizada no funcione bien frente a nuestra actual criminalidad, como lo mostró Michael Weintraub de los Andes al evidenciar el impacto negativo sobre la seguridad de la militarización de Cali, sino que, además, necesitamos garantías contra la arbitrariedad gubernamental.