Por instituciones culturales públicas, pero no gubernamentales (II)

En mi anterior columna, con este mismo título, defendí la tesis de que una buena democracia requiere que existan instituciones culturales o informativas públicas: la cultura y la información rigurosa son bienes públicos cuya provisión y promoción no deben depender sólo del mercado. Igualmente precisé que esas instituciones públicas no deben depender tampoco de los gobiernos de turno para evitar su manipulación política. Algunos lectores plantearon, con razón, que debía concretar mejor la propuesta, lo cual intento en esta columna.

En un artículo sobre el tema del proyecto “Imaginar la Democracia” de la revista Cambio, presento con cierto detalle varias experiencias comparadas de instituciones culturales e informativas estatales independientes de calidad, como, entre otras, la Deutsche Welle (DW), que es el servicio de radio y televisión alemán para el extranjero, conocido por su profesionalismo y excelencia. Este ejercicio comparado muestra que son necesarios cinco elementos para dotar de independencia a estas instituciones.

Primero, su status y su gobernanza deben estar consagrados en una ley para evitar que puedan ser modificados unilateralmente por los gobiernos.

Segundo, debe existir un mecanismo que asegure una financiación suficiente y constante para evitar que un gobierno molesto con alguna de las actuaciones de la entidad termine castigándola presupuestalmente.

Tercero, y es el punto más importante, la regulación de la entidad (en especial el diseño de su junta o consejo directivo y su director) debe asegurarle suficiente independencia frente al poder ejecutivo. Varias fórmulas son posibles, pero lo esencial es que la junta y el director no sean de libre nombramiento por el gobierno de turno. Este podría nombrar a algunos integrantes de la junta para asegurar una cierta coordinación con la política general, pero su presencia no puede ser decisiva. Estos integrantes de la junta deberían tener además un periodo determinado y ser seleccionados por su competencia profesional. A su vez, esa junta debería nombrar al director de la entidad, quien debería ser también elegido por sus competencias técnicas y por un periodo.

Cuarto, debe establecerse que las decisiones de los órganos directivos de la entidad respondan esencialmente a los estándares propios de cada campo, como las normas de curaduría en los museos, las mejores prácticas estadísticas o los principios éticos periodísticos. Es obvio que las discusiones históricas o culturales están atravesadas por controversias ideológicas, pero los profesionales en estos campos han desarrollado estándares éticos profesionales que garantizan la calidad de los productos y reducen los riesgos de manipulación política.

Quinto: independencia no significa ausencia de control. Es necesario asegurar la transparencia en el funcionamiento de estas instituciones y mecanismos de rendición de cuentas.

No existe un modelo único de instituciones públicas independientes exportable a cualquier país; sin embargo, el estudio comparado muestra que es posible establecerlas. La experiencia local lo confirma con el extraño pero exitoso esquema del Museo Botero o de la Biblioteca Luis Ángel Arango, cuya dependencia del Banco de la República les ha permitido independencia del gobierno, financiación constante e indiscutible calidad. No hay razón entonces para que Colombia no garantice la independencia frente al gobierno de nuestras instituciones culturales e informativas públicas.

***

Adenda: obviamente la JEP puede ser criticada, pero los intentos de destruir la reputación moral de la magistrada Julieta Lemaitre y de los integrantes de la sección de apelación son infames, pues carecen de cualquier sustento, como lo muestro en un artículo en La Silla Vacía.