Ayer y hoy comunidades afrodescendientes y campesinas de Montes de María marcharon hacia la gobernación del departamento de Bolívar para exigir que se garanticen sus derechos.

Intervinimos ante la Comisión Primera del Senado para evidenciar una serie de puntos que consideramos problemáticos de la propuesta de la senadora María Fernanda Cabal.

Este análisis de Dejusticia y del Human Rights Data Analysis Group agrupa la información compilada por distintas organizaciones sobre los homicidios de líderes sociales en el país y concluye, a través de un método estadístico, que la problemática tiene una magnitud mayor a la que se reporta.

Los familiares de 15 campesinos asesinados hace 16 años en San Juan Nepomuceno participaron en la construcción de un libro sobre ese hecho y entendieron que contando aquello que antecedió al horror también se hace justicia. Hoy presentan sus relatos.

Este miércoles 19 de septiembre lanzamos el libro “Los Guáimaros y El Tapón: La masacre invisible”, un ejercicio de memoria que reúne los perfiles de los 15 campesinos asesinados en una de las peores masacres de Montes de María, y una de las más desconocidas. Escrito por familiares de las víctimas e investigadores de Dejusticia. En las instalaciones de Dejusticia a las 5:30 pm.

La vida de 15 campesinos asesinados en Montes de María en condiciones aún no resueltas se cuenta con detalle y compromiso en este libro, que también propone rutas jurídicas para la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Este 30 y 31 de agosto, la comunidad de San Juan Nepomuceno, en Bolívar, conmemorará los hechos ocurridos en 2002. La programación incluirá la presentación del libro de memoria histórica “Los Guáimaros y El Tapón: la masacre invisible” escrito por familiares de las 15 víctimas e investigadores de Dejusticia.

La Corte Constitucional acertó al defender el Acuerdo de Paz en el que se pactó que los delitos de violencia sexual a menores serán juzgados por los tribunales de la Justicia Especial para la Paz. Dejusticia explica por qué.

Al menos cuatro de los artículos de la Ley 1922 de 2018 son contrarios a la Constitución, así que le pedimos a la Corte que elimine o reinterprete las normas relacionadas con extradición, tratamiento especial para policías y militares, y el derecho al buen nombre.